Por: Ling Almánzar
Paula Santana Escalante dejó sus sueños y anhelos, para siempre. Le destrozaron la vida, enterraron sus ilusiones. A sus 20 años, trabajaba duro con la esperanza de superarse y alcanzar un destino más alto. Quería escalar, volar y remontarse a las nubes (literalmente), viajando en las alas de su talento y sacrificio.
Pero todo eso se fue a pique el 21 de febrero de este mismo año. Fue un miércoles siniestro. Ese día fue a su empresa (una nave de zona franca) en el peligroso horario nocturno. Iba a cumplir como siempre lo hacía, pensando que un día más la acercaba a su anhelada meta. Laboraba de noche y estudiaba en el día. Quería ser azafata, se imaginaba en las alturas. No pudo ver el título de una graduación que tanto sudor le costó. Una semana después de su trágica muerte, la familia recibió su título póstumo de azafata: un recuerdo imborrable.
Lo peor es que ha pasado el tiempo y no ha habido justicia: ¡parece como que no hubiera culpables ni asesinos! Ahora nadie fue. Pero no. Una misteriosa mano de mujer y otra persona aparecen en una imagen inédita, con uniformes membretados, arrastrando el cadáver de Paula. Estas personas están en proceso de identificación.
La nave está forrada de cámaras: hay 55 que recogen todo, captan cada paso. Pero esa noche infeliz estaban apagadas. ¡Sospechosa coincidencia! Había atentos supervisores que vigilaban cada movimiento de los empleados. Paula toma un permiso para ir al baño, se aleja y nunca más regresa. Salió viva y acabó muerta.
Aparece asesinada en una alcantarilla, treinta y seis horas después. Algunas de sus ropas desaparecen, se esfuma su I Phone 11. Días antes, se había querellado en Recursos Humanos denunciando que un individuo la perseguía acosándola sin piedad. La empresa nada hizo para evitar lo peor.
La primera investigación del Ministerio Público fue un mamotreto y una barbaridad. Se cayó por sí sola, sin ningún elemento ni prueba. Se hizo para aliviar la indignación pública, que se disparó otra vez tras la liberación de los dos acusados. A solicitud de la misma fiscal encargada del caso, Joaquín Hidalgo Marte y Alex Cruz Díaz (Chuky) fueron sacados de la cárcel y enviados a sus casas, y el expediente fue “engavetado provisionalmente”.
Pero el presidente Abinader ordenó una nueva investigación, rigurosa y profunda, y el fogoso Pedro José Duarte Canaán asumió el caso de forma gratuita, como abogado de la familia de Paula.
La Policía contactó al jurista y lo empalmó con altos oficiales para retomar y ampliar las investigaciones; lo que se busca es que los dos implicados -y otros individuos- puedan contribuir con el caso aportando nuevos elementos. La investigación avanza.
De hecho, han entrevistado a cinco personas distintas que no lo fueron en la primera fase de la investigación. Uno de los investigadores obtuvo una numeración telefónica y la respuesta de una compañía telefónica que tampoco aparece en el primer chanchullo de investigación. Están procesando y comparando lo nuevo encontrado.
El informe necrológico del Inacif está todavía pendiente, y Duarte Canaán deja claro que se deberá practicar todas las pruebas para determinar si la joven fue violada antes de su asesinato.
Los dueños de la empresa son empresarios estadounidenses, y podrían recibir sanciones civiles por su responsabilidad. Duarte Canaán quiere descubrir a los culpables para que paguen por el crimen. Desde el cielo, Paula está esperando justicia, antes de que le pase a otra…
