Este sábado, el Gobierno de Ecuador emitió un comunicado en el que informa la suspensión de la vicepresidenta María Verónica Abad Rojas por 150 días por “abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales consecutivos”.
La resolución del Ministerio del Trabajo de Ecuador detalla un sumario administrativo debido al incumplimiento de órdenes de traslado temporal a Ankara, Turquía, donde debía continuar sus funciones diplomáticas como embajadora en Israel.
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La resolución de las autoridades señala que la Vicepresidenta, enfrentada hace tiempo al presidente Daniel Noboa, no se presentó en Ankara antes del 1 de septiembre, como estaba estipulado, generando un “abandono injustificado” de funciones desde el 2 hasta el 6 de septiembre.
Durante la audiencia del pasado 7 de noviembre, se confirmó la falta de presentación de pruebas justificativas por parte de Abad.
El documento divulgado por el Ministerio de Trabajo tipifica su conducta como falta grave, según la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), artículo 48, inciso b), que sanciona el abandono de funciones por tres o más días consecutivos.
De esta manera, la decisión final de las autoridades es una suspensión temporal sin goce de sueldo por 150 días para Abad Rojas.
La resolución del Ministerio de Trabajo ecuatoriano se da en momentos de una alta tensión entre Noboa y Abad.
El viernes, durante una audiencia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador, la vicepresidenta fundamentó su denuncia por presunta violencia política de género contra el presidente y otros altos funcionarios de su administración en ocho supuestas “agresiones”, informó su defensa. La demanda solicita sanciones contra Noboa, la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, la asesora presidencial Diana Jácome y el ex viceministro de Gobierno Esteban Torres.
Damián Armijos, abogado de Abad, aseguró que el proceso busca proteger los derechos políticos de la vicepresidenta, al señalar que el presidente y los otros implicados habrían intentado “impedir su ejercicio de la función pública” mediante una serie de hostigamientos.
Según Armijos, estas presuntas agresiones tienen como objetivo “provocar su renuncia” y así evitar su sucesión presidencial, en vista de que la Constitución establece que ella asumiría temporalmente la presidencia cuando Noboa tome licencia para su campaña de reelección en los comicios de 2025.
Armijos también informó que Abad intentó viajar a Ecuador para participar personalmente en la audiencia, pero se le negó el permiso de vacaciones necesario para hacerlo. Además, tampoco se le permitió conectarse de manera telemática, lo que impidió su intervención directa en el proceso.
La denuncia presentada por Abad, basada en el artículo 280 de la Ley Electoral de Ecuador, describe esta situación como una infracción muy grave. Según esta normativa, se sanciona a quienes busquen “acortar, suspender, impedir o restringir” el accionar de las mujeres en política o el ejercicio pleno de sus funciones.
Armijos aseguró que, de ser favorable para la vicepresidenta, esta sentencia podría marcar “un precedente histórico” relacionado con la participación política de las mujeres.
“Las candidatas no pueden ser sólo una imagen en la papeleta, las mujeres en la vida política deben tener una incidencia, una participación que les permita tomar decisiones, (…) que no puedan ejercer la función pública afecta a esta democracia representativa”, señaló.
El distanciamiento entre Noboa y Abad se profundizó desde la campaña de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales extraordinarias de 2023. Al asumir su cargo, el presidente asignó a su vice la función de embajadora en Israel con el objetivo de promover la paz entre israelíes y palestinos, una designación que ella interpretó como un intento de apartarla de la administración y del país, ya que rechazarla podría llevar a su destitución.
Desde la Presidencia se cuestiona el desempeño de Abad, destacando un caso de presunta corrupción en la Vicepresidencia que involucra a su hijo, Sebastián Barreiro. Barreiro está acusado de haber influido en la contratación de un funcionario y de exigir una parte de su salario a cambio.
Por su parte, la Fiscalía General solicitó que se levantara la inmunidad de Abad para poder imputarla en esta investigación. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por el Parlamento, donde los votos de la oposición prevalecieron sobre el oficialismo, bloqueando el avance judicial en contra de la vicepresidenta.
Con información de Infobae
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