El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), ha revelado detalles de la investigación en el expediente en el marco del Caso Pandora, que expone una red criminal dedicada al tráfico de municiones sustraídas de la Policía Nacional.
En un operativo realizado el pasado 11 de noviembre de 2024, se logró recuperar una parte de las municiones robadas mediante actos de entrega voluntaria por parte de los imputados Yaquendry Shakira Segura Feliz y Miguel Ángel Félix Liriano.
Entre los materiales entregados figuran cajas de proyectiles de calibres 9mm y otros, que suman un total de 380 municiones.
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Las investigaciones señalan que las municiones eran sustraídas y comercializadas de forma ilícita bajo la dirección de Miguelina Bello Segura, quien las distribuía clandestinamente a nacionales haitianos y otros compradores, a precios que oscilaban entre RD$5,200 y RD$6,000 por caja.
El expediente del Ministerio Público revela que Bello Segura, trabajaba en coordinación con una red que utilizaba cuentas bancarias para transferir y recibir grandes sumas de dinero derivadas de la venta de las municiones. Entre los beneficiarios de estas transacciones figura Héctor José Acevedo Liriano, quien habría recibido más de RD$855,000 en transferencias desde cuentas de los demás involucrados, como Yaquendry Shakira Segura. Además, se registraron pagos y transferencias a otros acusados, incluidos, Ángel Rubiel Martínez Basilio, Jorge Luis Zorrilla Marte, Melvin Manuel Segura Sierra, Jennifer Nicole Pérez, Juan Alberto Nina, Miriany Rachell González, Juan Luis Díaz Medina, Johan Alexander Sánchez, Breilyn Eliezer Cuello Gil, Danilson de la Cruz Arias Miguel Ángel Gómez Espaillat y Erick Francisco Cruz, tenían movimientos financieros con fechas específicas que concuerdan con el tiempo de la investigación, según la investigación del ministerio publico
Durante un allanamiento el 25 de octubre de 2024, las autoridades incautaron un teléfono móvil de Héctor José Acevedo Liriano, del cual se extrajeron notas y conversaciones que detallan cómo operaba la red criminal para estructurar y comercializar las municiones robadas. Entre las pruebas recuperadas, figuran registros sobre la distribución de los fondos y listas de compradores.
El Ministerio Público subraya que el Caso Pandora expone una red organizada que ha operado con la participación de funcionarios y particulares para desviar recursos de instituciones públicas hacia actividades delictivas.
Por: Itzel Olivo
