La reciente postura del presidente Luis Abinader sobre los sectores de la construcción y la agricultura, afectados por el plan de deportación masiva de haitianos en situación irregular, han generado posturas de los legisladores, hacia el cumplimiento de la Ley 80-20.
En el centro del debate está la aplicación de la ley 80-20, que establece que el 80% de los empleados de una empresa deben ser dominicanos y solo el 20% extranjero, una norma que, según varios sectores, no se aplica de manera efectiva.
El diputado Ramón Castillo dijo que el Estado dominicano debe de tomar un papel activo en la regularización de trabajadores extranjeros. “El Estado debe legalizar a los haitianos y otros extranjeros que los empresarios quieran emplear en sus empresas o fincas. Por ejemplo, cada seis meses, el gobierno debería ser responsable de renovar su estatus legal”, expresó Castillo. Además, criticó que algunos empresarios se benefician de la mano de obra barata en condiciones de irregularidad.
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Por su parte, la senadora de Puerto Plata, Ginnette Bournigal, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), abogó por cambiar la percepción social respecto al empleo en sectores como la construcción.
“Debemos incentivar y estimular a las personas para que trabajen, como los maestros o quienes colocan cerámica. Este mito de que los haitianos cobran menos no siempre es cierto; a veces ganan más”, señaló. También destacó la importancia de reforzar la frontera, pero subrayó que el país debe manejar el tema migratorio con pragmatismo: “Estados Unidos tiene a México como vecino, y lo manejan. Nosotros tenemos a Haití, y no los queremos”.
Amado Díaz, vocero de los diputados del PRM, también se pronunció al respecto, mostrando su respaldo al cumplimiento estricto de la ley 80-20. “El empresario dominicano es muy voraz. La explosión de la inmigración tiene que ver con los empresarios que prefieren pagar poco y han hecho de la mano de obra haitiana su herramienta principal de desarrollo”, afirmó.
El debate sobre la ley 80-20 y la mano de obra extranjera evidencia las tensiones entre las necesidades económicas y las políticas migratorias en República Dominicana, donde sectores como la construcción y la agricultura dependen en gran medida del trabajo de inmigrantes haitianos.
Por: Itzel Olivo
