La Fundación Primero Justicia, representada por el abogado Miguel Surún Hernández, sometió recurso contencioso administrativo contra la autorización, hecha por Compras y Contrataciones y la Contraloría General, de la circular del 3 de febrero del 2022, que instaura la “Gestión Integral y Oportuna de los Procedimientos de Contratación de Alquileres y Arrendamientos de Bienes Inmuebles en el Sistema de Contrataciones Públicas y Registro de Contratos”.
Surún Hernández sostienen que, en virtud de esa circular, entidades del Estado dominicano han suscrito contratos controversiales por miles de millones de pesos, como supuestamente es el caso de la Dirección General de Pasaportes y de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC).
En ese sentido, argumenta que el director de la OGTIC, Bartolomé Pujals, ha suscrito contratos por más de RD$2,400,000,000, “en franca violación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado, que de conformidad con el articulo 138 de la Constitución deben normar las contrataciones públicas”.
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“Es inaudito que el Estado dominicano haya perdido en alquiler sobrevaluado de un edificio para la Dirección General de Pasaportes, las suma de RD$1,200,000,000, con la sola excusa de que su director “necesite un edificio con ascensor”, alquileres con precios ficticios, que duplican el precio del inmueble arrendado”, dijo.
“Hemos solicitado, además, al Tribunal Superior Administrativo la anulación y suspensión de los contratos de alquiler suscritos por Dirección General de Pasaportes y el de la OGTIC, mediante los cuales garantizaban la sustracción de miles de millones de pesos en perjuicio del Estado”, continuó.
