En los últimos días han surgido numerosos cuestionamientos a la entrega de ayudas sociales del gobierno, en especial al programa denominado “La Brisita Navideña”, que consiste en la entrega de una tarjeta para colaborar con la economía de las familias de escasos recursos de todo el país durante las festividades de Navidad.
En un reportaje presentado esta semana por el programa N Investiga, se evidenció que la iniciativa parecería ser un dispendio de recursos que se entrega sin ningún control ni criterio, mientras familias que viven en extrema pobreza aún no la han recibido.
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“Es una impotencia demasiada grande, no hay palabra para expresar lo que uno siente cuando uno ve a un hijo que usted le quiera comprar algo y no puede” expresó Adriana Suero Franco, residente en el sector La Zurza y quien ve con tristeza cómo no ha sido identificada como pobre general, ni pobre extrema aún cuando es madre soltera.
Ella está desempleada, cada mes tiene la incertidumbre de cómo conseguir los RD$3,500 mensuales que paga de alquiler por una pequeña y humilde vivienda en La Zurza, a la ribera del río Ozama, que se inunda ante las lluvias, y que tiene apenas una habitación separada de la sala-cocina y del baño con cortinas. Allí duerme con sus 9 hijos en una pequeña cama.
Mientras, el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, Francisco Antonio Peña Guaba, desfila en la pasarela de lo mediático, repartiendo a diestra y siniestra, dinero que no es de él. Por eso la importancia de que todas estas ayudas sean focalizadas a quienes realmente lo necesitan: los verdaderos pobres.
Para entender este proceso, el gobierno al igual que otras gestiones anteriores, ha institucionalizado estas ayudas con diferentes nombres con los que ha denominado los más de 38 programas sociales del Estado, uno de ellos es el Bono Navideño, conocido como “La Brisita” y, según Francisco Antonio Peña Guaba se logrará una Navidad como nunca la había realizado gobierno alguno.
Para beneficiar a 3 millones de personas a través de estas tarjetas Bono Navideño Mastercard de Banreservas, el programa Supérate, dirigido por Gloria Reyes, es la institución responsable de la entrega del 10% de los bonos.
El 90% restante está a cargo del Gabinete de Políticas Sociales, que a través del sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) identifica el mapa de pobreza y las entrega a través de las iglesias, juntas de vecinos, gobernaciones y otras organizaciones comunitarias. Esta es la teoría. La práctica ha demostrado una mala distribución de ese dinero.
Según los cálculos de la vicepresidenta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Zoraima Cuello, se están entregando RD$5,250 millones si se analiza que el 10% del programa Supérate, son 350 mil tarjetas, para que sea un 10%.
Para calificar como beneficiario, los ciudadanos deben percibir un ingreso mensual inferior a RD$29,999, residir en el país y tener una cédula de identidad válida, aunque parecería que los únicos requisitos validos son estos dos últimos, pues en la página web habilitada por el Gobierno para que los ciudadanos consulten si fueron seleccionados, resultaron como elegibles, la vicepresidenta del PLD y excandidata a la vicepresidencia de la República, Zoraima Cuello, así como los expresidentes Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández.
Cuello señaló que esto pone en evidencia un problema con el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), cuyo objetivo es registrar a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad, pues en lugar de utilizar este sistema de manera adecuada, el gobierno amplía la lista y utiliza el bono como herramienta de campaña electoral.
Se recuerda que la directora del programa Supérate, Gloria Reyes, minimizó el error de la inclusión de expresidentes y funcionarios en la entrega de ayudas sociales, en particular el caso de Leonel Fernández.
Pero no era así, debido a que el mensaje que recibió, Zoraima Cuello, por ejemplo, al colocar su cédula le informaba que estaba habilitada para recibir el bono navideño de RD$1,500 con la tarjeta para usarlo en el lugar de su preferencia.
Para Cuello, eso muestra que la data la estaban usando completamente incorrecta. No hubo un proceso de planificación y de depuración, “lo que nos lleva a pensar cuál es la calidad del trabajo que se está llevando a cabo y al final quienes van a ser los beneficiarios, ni cuando hay tantas personas en pobreza real”.
De su lado, la señora Suero Franco, desde La Zurza, lamenta no ser beneficiaba. Expresó que compraría un pollo, echaría quinientos pesos de gas, y se lo comería con sus 9 hijos. Sostuvo que no puede comprar pan navideño porque se le puede dañar, falta demasiado.
Pese a su precaria condición económica, no recibe ninguna ayuda del gobierno porque no forma parte del SIUBEN, ya que no tiene documentos de identidad. Incluso 4 de sus 9 hijos tuvieron que ser declarados por sus abuelos para poder ingresar a la escuela.
En tanto, para Francisco Antonio Peña Guaba, Coordinador Gabinete Políticas Sociales, se da para que se vea para que le está llegando a la gente que lo necesita y “no se lo está cogiendo el gobierno dominicano ni se lo está cogiendo el coordinador del gabinete social”.
Para Zoraima Cuello, la entrega que se hace personalmente, como han mostrado los videos a Francisco Antonio Peña Guaba, te muestra que más allá de la ayuda que es necesaria, “quieres que te vean a ti entregándolas personalmente. Entonces ahí vemos el clientelismo”.
El partido Opción Democrática, solicitó en 2021 la destitución de Peña Guaba, por los RD$100 millones entregados a unos artistas sin ningún tipo de criterio, haciendo uso de los fondos públicos a discrecionalidad, lo mismo con los programas sociales, según recordó el secretario general de esa organización Miguel Alejandro Martínez.
Peña Guaba es un funcionario público que ha sido cuestionado varias veces. A mediados de diciembre del 2020 y en plena pandemia del coronavirus, contrató a 70 artistas para conciertos que serían transmitidos por televisión, ante el cierre de los escenarios.
Contrataciones Públicas inició una investigación, notando irregularidades ya que esas negociaciones no fueron gestionadas cumpliendo la Ley de Compras 340-06, aún cuando el Gabinete de Política Social tenía la obligación legal de hacerlo.
La repartición hecha por Supérate, casa por casa, también es otra muestra del uso indiscriminado de recursos públicos.
A esto se suman las inconsistencias en las cifras, ya que el gobierno ha manifestado que la pobreza general se redujo en un 23%.
Ante la incoherencia en cifras e ineficiente distribución y una criticada identificación de pobreza , la Fuerza del Pueblo y el PLD solicitaron al Gabinete de Políticas Sociales, mediante la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, informar sobre los controles establecidos para garantizar que las ayudas lleguen a los destinatarios, relación detallada de organizaciones tanto públicas como sin fines de lucro que participan en la distribución, procedimientos para acceder al beneficio y canales usados para notificar a los beneficiarios sobre la disponibilidad del bono.
“Estamos hablando de recursos públicos que tienen un objetivo en particular entonces en este momento y como todos sabemos se desconoce quiénes son los beneficiarios” afirmó Zoraima Cuello.
Se está cuestionando también el alto costo de las tarjetas navideñas cuya producción y distribución implican un gasto adicional de RD$700 cada una.
Según La Fuerza del Pueblo, solo entre 2020 y 2024, el gobierno emitió más de 9.5 millones de tarjetas navideñas, representando un gasto total de RD$6,685 millones.
Invertir en la pobreza de esta forma, sale caro, más cuando estas tarjetas no se reutilizan y cada año hay que asignar fondos para la emisión de nuevas, como se pueden ver en cientos de tarjetas ya usadas encontradas en la carretera Mella, a la altura del kilómetro 6, aparte de que también el programa N Investiga recibió la denuncia de que personas encargadas de dar los bonos la entregan sin saldo. En gobiernos anteriores, las transferencias monetarias se hacían directamente a las cuentas de las personas registradas en el SIUBEN.
En los últimos años, el sistema ha sido atacado por mafias que han logrado sustraer millonarias sumas al Gobierno. En esta gestión han logrado desarticular entramados de estafa y clonación de tarjetas.
Uno de los casos se produjo en febrero de 2022, cuando seis personas fueron apresadas vinculadas a transacciones con tarjetas clonadas, por RD$100 millones en perjuicio de 30 mil beneficiarios, un fraude era investigado desde 2020, por transferencias irregulares mediante clonación de tarjetas y uso no autorizado de cédulas de identidad.
Este caso propició que la directora del Programa Supérate, Gloria Reyes, compareciera ante la Comisión de Justicia del Senado, donde reveló que en los últimos hechos 94 mil personas habían sido afectadas, y fueron sustraídos 154 millones de pesos y solicitó una auditoría de la cual a la fecha se desconocen los resultados.
En febrero de 2022, también salieron a relucir una estafa al programa por más de 200 millones de pesos, desde San Juan de la Maguana, donde fue identificado como un “magnate” del fraude a Daniel Villegas Aquino. En marzo de 2022, 11 colmados pertenecientes a la red de suplidores fueron allanados por agentes adscritos al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat),quienes apresaron a cuatro ciudadanos con 103 tarjetas de Supérate en Barahona. El 25 de noviembre de 2023, la Policía Nacional informó el apresamiento de dos hombres en Villa Mella, quienes se trasladaban en un vehículo con 1,285 tarjetas, incluyendo 254 de Supérate.
Lo que sí es un hecho es que con la falta de utilización del SIUBEN, no contar con criterios claros para seleccionar beneficiarios, focalizar la entrega, garantizar mecanismos de control para que llegue a los verdaderos beneficiarios y haya trazabilidad del uso, las incoherencias entre las cifras de destinatarios y personas identificadas como pobres, se resume en dispendio de recursos públicos, justo dos meses de que el gobierno intentara implementar un proyecto de modernización fiscal.
