La Asociación de Contratistas y Suplidores de la República Dominicana (ACS) mostró su preocupación este lunes por el proyecto que cursa en el Congreso Nacional que procura modificar la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
El presidente de la entidad, Zoilo Taveras, sostuvo que han identificado algunos aspectos de dicha iniciativa que, a su entender, deben ser revisados por las implicaciones que pudieran acarrear al sector y, consiguientemente, al desarrollo económico del país.
“Es importante resaltar que estas inquietudes y propuestas han sido presentadas a la Comisión Especial que estudia el proyecto de Ley en la Cámara de Diputados”, expresó Taveras durante una rueda de prensa realizada en un hotel de la capital.
Entre los puntos críticos del proyecto detectados por la ACS, Taveras citó el artículo 11, numeral 21, el cual dijo otorga a la Dirección General de Contrataciones Públicas facultades amplias y discrecionales para requerir información, “incluyendo a personas no vinculadas directamente con procesos de contratación, lo que podría derivar en abusos y vulnerar derechos fundamentales”.
Asimismo, expresó que el artículo 111 restringe el retiro o modificación de propuestas tras la apertura técnica, sin considerar situaciones de fuerza mayor o errores, penalizando injustamente a los proveedores.
En tanto que, según el directivo, el artículo 152 de dicho proyecto que ya fue aprobado por el Senado, limita la subcontratación al 30%, una restricción que la ACS la cataloga como inadecuada para sectores como la construcción, donde esta práctica es esencial para la ejecución eficiente de proyectos.
Taveras también criticó el contenido del artículo 4, donde establece sanciones de inhabilitación de hasta diez años por incumplimientos, “sin considerar factores externos como retrasos en pagos estatales o permisos emitidos por otras instituciones gubernamentales”.
Además, sostuvo que la iniciativa de ley no incorpora las recomendaciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) respecto a prácticas prohibidas, colusorias y acuerdos anticompetitivos, elementos esenciales para garantizar la libre competencia en los procesos, según la ACS.
“Lejos de fomentar la participación inclusiva y una gestión eficiente en la adquisición de bienes y servicios del Estado, estas disposiciones introducen obstáculos que afectan la sostenibilidad del sector proveedor”, expresó Taveras.
“Reiteramos nuestro compromiso de participar activamente en el debate legislativo para lograr un marco normativo justo y funcional que equilibre eficiencia y equidad”, concluyó.
