Las mujeres dominicanas, al igual que otras migrantes, enfrentan un alto riesgo de violencia de género en España. Desde 2003, una de cada tres mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas había nacido en otro país, y en 2024 este porcentaje superó el 50 % de los feminicidios registrados, lo que evidencia una vulnerabilidad alarmante.
En 2024, con la menor cifra de feminicidios en la serie histórica (47), por primera vez las víctimas extranjeras superaron a las españolas, representando el 51 % de los casos. Entre estas nacionalidades, República Dominicana ocupa un lugar significativo, con 15 mujeres asesinadas desde 2003, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Denuncias y desigualdad en protección
La Fiscalía General del Estado español señala una preocupante disparidad: mientras la tasa anual de feminicidios entre mujeres españolas es de 1.68 por millón, entre las extranjeras asciende a 8.32 por millón. Las víctimas dominicanas, junto con otras de Marruecos, Rumanía y Ecuador, se enfrentan a desafíos adicionales para acceder a órdenes de protección y recursos, estando sobrerrepresentadas en las estadísticas de violencia de género.
En 2023, las mujeres extranjeras interpusieron el 34.7 % de las denuncias por violencia machista, aunque su proporción en la población general es menor. La abogada Tatiana Retamozo, de la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI), subraya que las migrantes “denuncian más, pero obtienen menos protección”, viéndose atrapadas en una estructura que perpetúa su vulnerabilidad.
Preocupación europea por las mujeres migrantes
El Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia hacia la mujer y la violencia doméstica (GREVIO), encargado de supervisar el cumplimiento del Convenio de Estambul, ha expresado su preocupación por la representación desproporcionada de las mujeres migrantes, incluidas las dominicanas, entre las víctimas de violencia de género en España.
El GREVIO advierte que las víctimas en situación administrativa irregular enfrentan obstáculos significativos para obtener protección. La fiscal Teresa Peramato ha destacado que estas mujeres suelen tener menos apoyo familiar, menos acceso a recursos y mayores barreras idiomáticas y culturales que dificultan su relación con las instituciones.
La violencia institucional y sus múltiples formas
Retamozo subraya que la trayectoria migratoria de las mujeres está marcada por un “sumatorio de violencias”, incluyendo racismo, discriminación, precariedad laboral, explotación sexual, y problemas de conciliación familiar. Estas condiciones las colocan en una posición de mayor vulnerabilidad frente a sus agresores y al sistema que debería protegerlas.
La violencia institucional, agrega Retamozo, se ejerce cuando se retrasan, obstaculizan o niegan los procesos necesarios para garantizar una vida libre de violencia. Muchas víctimas desconocen los recursos disponibles, no reciben asesoramiento adecuado y, en ocasiones, optan por no declarar contra sus agresores por dependencia económica o emocional, lo que lleva al sobreseimiento de sus casos.
