Por Jesús Peguero
El Ministerio de Educación (Minerd) ha suspendido al director de la Escuela Especial Profesora Célida Luisa Pérez de Crespo, Oneris Montilla, luego de una denuncia formulada por docentes de ese centro educativo, ubicado en Azua.
La separación del profesor Montilla, quien es un educador con limitaciones visuales, ocurrió, supuestamente, porque éste expuso intencionalmente a un estudiante con autismo al peligro de ser atropellado por un vehículo, como una forma de llamar la atención de las autoridades, para que fueran terminadas las reparaciones que se ejecutan en el centro, según narra un documento público firmado por las profesoras Danilsa del Carmen Tejeda Rossó, Milagros Urraca Espinosa, Fradys Martínez y Gissel Guillen.
Asimismo, se le atribuyen otras faltas, incluyendo la de un presunto intento de envenenamiento de docentes.
Frente a la querella de las educadoras, el director del distrito educativo 03-01, Víctor Araujo Cabral, notificó el caso a sus superiores, a raíz de lo cual se ordenó la suspensión con disfrute de sueldo del educador no vidente.
Montilla, debido a las inculpaciones en su contra, convocó este viernes a una rueda de prensa, donde defendió su moral y la pulcritud de su profesión.
Afirmó que sobre él existe una persecución “abusiva e indiscriminada”, puesto que, aún habiendo ganado el cargo por concurso, trataron en despojarlo de la posición, para impedir que asumiera su compromiso, en dirigir la escuela de los impedidos físicos.
“Definitivamente, no entiendo por qué me han querido hacer daño, en este centro”, dijo. Argumentó que, desde los 7 años, él es una persona no vidente; pero que eso no ha sido obstáculo para superarse.
Enfatizó que siempre se ha entregado al trabajo profesional “con seriedad y esfuerzo, por lo que hoy puedo decir con orgullo, que los cargos alcanzados, se deben a la entrega de su trabajo”, aseguró.
El escandaloso hecho se divulgó hace más de dos meses en las redes sociales y fue, hasta esta semana, cuando la prensa se enteró del aplazamiento producido por las autoridades de la inhabilitación del educador.