Por Raúl Germán Bautista.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó la cancelación de casi dos mil visas pertenecientes a personas vinculadas al presidente venezolano Nicolás Maduro.
Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para presionar al régimen acusado de fraude electoral, corrupción y narcoterrorismo.
El 10 de enero, Nicolás Maduro inició su tercer mandato consecutivo como presidente de Venezuela. Este evento se celebró en un contexto de fuerte rechazo internacional.
Países como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y la mayoría de América Latina consideran ilegítimas las elecciones que llevaron a Maduro al poder nuevamente.
Los que se lucieron y fueron mencionados en la toma de posesión de Maduro corren el riesgo de no entrar a Estados Unidos, a menos que sea con un expediente de complicidad, porque, entre otras cosas los gringos acusan a Maduro no solo de ser un presidente ilegítimo, sino de narcoterrorismo, corrupción, tráfico de drogas y otros delitos (desde el año 2020).
En ese sentido, los principales afectados por estas medidas incluyen funcionarios gubernamentales, empresarios y aliados políticos que han trabajado estrechamente con Maduro. Según el gobierno estadounidense, estos individuos han facilitado actividades ilícitas como el narcotráfico y el lavado de dinero.
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LAS RESTRICCIONES MIGRATORIAS COMO HERRAMIENTA DE PRESIÓN.-
La cancelación de visas forma parte de un paquete más amplio de sanciones. Estas restricciones buscan limitar el movimiento de los aliados de Maduro y dificultar sus actividades internacionales.
Adicionalmente, Estados Unidos ha implementado sanciones económicas que afectan a sectores clave de la economía venezolana.
Estas acciones envían un claro mensaje de rechazo al régimen de Maduro. Al mismo tiempo, buscan incentivar un cambio político en Venezuela mediante el aislamiento de sus principales figuras y colaboradores.
