El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha instruido a los fiscales federales para que investiguen a funcionarios locales y estatales que interfieran con las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Esto es una advertencia a las ciudades que se consideran “santuarios“, donde se protegen a los inmigrantes, especialmente aquellos sin permiso de residencia.
El nuevo enfoque, comunicado por Emil Bove, el secretario de Justicia interino, marca un cambio radical con respecto a las políticas del expresidente Joe Biden. Bove pidió a los fiscales que identifiquen leyes locales que puedan obstaculizar las acciones del gobierno de Trump en temas de inmigración y que estén listos para impugnarlas en los tribunales.
El memorando deja claro que los fiscales deben trabajar para aplicar las políticas del presidente Trump sobre crímenes violentos, pandillas y tráfico de drogas. Bove, que antes de unirse al gobierno defendió a Trump en casos legales, argumenta que es responsabilidad del Departamento de Justicia hacer cumplir la Constitución y las políticas del presidente.
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Las leyes de “santuario” son difíciles de definir, pero generalmente limitan cómo las autoridades locales pueden colaborar con los agentes federales de inmigración. Aunque los tribunales han apoyado muchas de estas leyes, algunos expertos dudan que las acusaciones contra funcionarios locales prosperen en la corte.
En Chicago, donde hay fuertes protecciones para los inmigrantes, los líderes de la ciudad no se mostraron preocupados por las investigaciones. El concejal Andre Vasquez, hijo de inmigrantes, recordó que la relación entre Chicago y Trump ha sido tensa desde hace tiempo.
A nivel nacional, se están recordando las diferencias entre no colaborar con los agentes de inmigración y sabotear su trabajo. Por ejemplo, la policía de Nueva York aclaró que no deben ayudar en la aplicación de leyes de inmigración, pero tampoco pueden interferir.
El alcalde de Denver mencionó que la ciudad está dispuesta a colaborar con ICE para arrestar a criminales, pero que defenderá sus valores si se realizan redadas en lugares sensibles como escuelas.
El memorando también menciona que se buscarán cargos criminales contra funcionarios que obstruyan la aplicación de leyes federales de inmigración. Sin embargo, en Colorado, donde la ley impide que la policía local ayude a ICE sin una orden judicial, las autoridades locales afirmaron que no han obstruido la aplicación de la ley.
Además, el documento sugiere que habrá un aumento en los casos de inmigración y que los fiscales deberán reportar cualquier decisión de no procesar infracciones migratorias. También se reanudarán políticas más estrictas de acusación que habían sido suavizadas por la administración anterior.
En resumen, el nuevo enfoque del Departamento de Justicia refleja el conflicto continuo entre las administraciones demócratas y republicanas sobre cómo manejar la inmigración y el uso de recursos en la aplicación de la ley.
AP
Por: Itzel Olivo
