Desde finales de 2024, la Defensoría del Pueblo y los servicios de inteligencia habían advertido sobre una posible escalada de violencia en el Catatumbo, Norte de Santander, debido a la creciente tensión entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Disidencias de las FARC por el control de territorios estratégicos para la minería ilegal, cultivos de coca y rutas del narcotráfico.
El conflicto, que se ha intensificado desde el 15 de enero con la masacre de Miguel Ángel López y su esposa Zulay Durán en el municipio de Tibú, llevó al presidente Gustavo Petro a suspender los diálogos de paz con el ELN.
Posteriormente, el Gobierno decretó el estado de conmoción interior el 24 de enero, otorgándole facultades especiales para restablecer el orden público. Sin embargo, la oposición ha cuestionado la tardanza en la respuesta oficial, argumentando que la Defensoría del Pueblo emitió al menos seis alertas tempranas desde 2020, la última de ellas en noviembre de 2024, en la que se advertía de un riesgo inminente de confrontación.
Además, reportes de inteligencia revelados por Noticias RCN indican que desde diciembre de 2024 se tenía conocimiento de movimientos del ELN destinados a desestabilizar la región, con el objetivo de obtener una ventaja estratégica sobre el Frente 33 de las Disidencias de las FARC.
Las operaciones habrían sido encabezadas por Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias “Pablito”, quien supuestamente planeaba un enfrentamiento armado desde hacía más de 40 días, contando con el respaldo de estructuras narcotraficantes y, según informes, con apoyo de las fuerzas militares del régimen de Nicolás Maduro desde Venezuela.
Las acusaciones de la oposición al Gobierno colombiano no se hicieron esperar. El expresidente Iván Duque denunció que el régimen de Maduro está coordinando acciones con grupos criminales como el Tren de Aragua y el ELN para desestabilizar la región fronteriza. “El régimen narco-dictatorial de Maduro está exportando violencia, crimen y narcotráfico”, afirmó Duque en su cuenta de X, instando a la comunidad internacional a intervenir.
En respuesta, el gobierno venezolano rechazó las acusaciones y señaló a la administración de Duque y al expresidente Álvaro Uribe Vélez de haber protegido a cabecillas del Tren de Aragua en territorio colombiano.
Mientras tanto, el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, se reunió el 24 de enero con su homólogo venezolano, el general Vladimir Padrino López, con el fin de coordinar operaciones conjuntas para controlar la crisis fronteriza. “Planteé la posibilidad de desarrollar operaciones especiales y el ministro Padrino está de acuerdo”, declaró Velásquez.
El conflicto en el Catatumbo sigue generando preocupación tanto en Colombia como en la comunidad internacional, mientras crece la presión sobre el Gobierno de Petro para tomar acciones efectivas que frenen la violencia y atiendan la crisis humanitaria que afecta a miles de habitantes de la región.
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