Dieciséis activistas medioambientales de la organización Just Stop Oil comparecieron este miércoles ante el Tribunal de Apelación de Londres para impugnar condenas que consideran severas hacia protestantes.
Las sentencias van de 15 meses a cinco años y han generado un intenso debate sobre la criminalización del activismo climático en el Reino Unido; los manifestantes fueron condenados por diversas acciones de desobediencia civil, que incluyen bloquear carreteras, interrumpir el tráfico, ocupar instalaciones petroleras y arrojar sopa sobre la pintura Los Girasoles de Vincent van Gogh en la Galería Nacional de Londres, aunque sus acciones fueron pacíficas, sus sentencias han sido calificadas de desproporcionadas por defensores de los derechos humanos y organizaciones ambientalistas.
“Estos activistas actuaron en defensa propia y para proteger a nuestras familias y comunidades”, argumentó Just Stop Oil en un comunicado, señalando que los manifestantes encarcelados son “prisioneros políticos” debido a la dureza de las penas impuestas.
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Las apelaciones de cinco de los manifestantes cuentan con el respaldo de organizaciones como Amigos de la Tierra y Greenpeace Reino Unido. Estos activistas fueron sentenciados por planear protestas en noviembre de 2022, cuando treparon estructuras sobre una autopista muy transitada. Otros encarcelados participaron en acciones más radicales, como excavar y ocupar túneles bajo una carretera que conduce a una terminal petrolera.
Katie de Kauwe, abogada de Amigos de la Tierra, denunció que las penas representan una “grave amenaza para nuestra democracia”. “Silenciar a aquellos que luchan por un mundo mejor no hará que estas crisis crecientes desaparezcan; hacerlo solo sirve para sofocar nuestra democracia”, afirmó.
Las sentencias impuestas a los activistas se producen en un contexto de creciente represión contra las protestas en el Reino Unido. Durante su mandato, el gobierno conservador que perdió el poder en julio de 2024 aprobó leyes más estrictas para frenar las manifestaciones disruptivas.
Estas leyes respondieron a una serie de protestas de activistas climáticos que bloquearon carreteras y puentes, se pegaron a trenes, arrojaron pintura sobre obras de arte y rociaron edificios con sangre falsa. El gobierno argumentó que estas medidas eran necesarias para evitar daños a la economía y minimizar el impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Sin embargo, los grupos ambientalistas sostienen que estas restricciones criminalizan el activismo y buscan disuadir la protesta pacífica.
Expectativa por el fallo judicial
La audiencia en el Tribunal de Apelación está prevista para durar dos días, y se espera que el fallo de los jueces se conozca en las próximas semanas.
El caso ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre el derecho a la protesta y la seguridad pública en el Reino Unido. Mientras los activistas y sus defensores piden un trato más justo, el gobierno insiste en que las protestas deben llevarse a cabo sin alterar el orden público.
El resultado de esta apelación podría sentar un precedente clave para el futuro del activismo medioambiental en el país.
