El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió una sentencia favorable para el ciudadano canadiense Antonio Carbone, al extinguir la acción penal en su contra debido al vencimiento del plazo procesal, conforme a lo establecido por el artículo 148 del Código Procesal Penal.
El tribunal, presidido por la magistrada Claribel Nivar e integrado por las juezas Gissell Soto Peña y Clara Sobeida Castillo, aceptó las conclusiones presentadas por los abogados defensores de Carbone, quienes argumentaron que el proceso judicial se había extendido más allá del plazo máximo permitido para su resolución.
La investigación contra Carbone comenzó el 27 de enero de 2015, a raíz de una denuncia por un presunto intento de homicidio contra Fernando Arturo Báez Guerrero, quien luego presentó una querella ante el Ministerio Público.
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Proceso judicial y nulidad previa
La acción legal contra Carbone fue interrumpida por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que dictó la nulidad del proceso en su contra debido a la violación del principio del juez natural.
El Tribunal Constitucional, mediante la sentencia TC/0515/23, resolvió que el tribunal de primera instancia que conoció el caso había sido conformado de manera ilegal, lo que llevó a la nulidad del proceso, y así se procedió con la extinción de la acción penal.
Causas de los retrasos en el proceso
El tribunal determinó que los retrasos en la resolución del caso fueron atribuibles en su mayoría al Estado, a los órganos del sistema judicial, al Ministerio Público y al querellante. Aunque también se reconoció que algunos aplazamientos de audiencias fueron solicitados por la defensa de Carbone.
Decisión final
Al finalizar el proceso, el tribunal también dispuso el cese de todas las medidas de coerción impuestas a Carbone. La lectura integral del fallo está programada para el 25 de febrero, a las 9:00 a.m.
Reacciones de los abogados de Carbone
Los abogados de Antonio Carbone celebraron la decisión del tribunal, destacando que la misma restituye los derechos fundamentales de su cliente, que se habrían visto sistemáticamente vulnerados durante los últimos diez años. Además, los abogados subrayaron que esta decisión establece un precedente que puede beneficiar a otros ciudadanos en situaciones similares, a quienes no se les ha resuelto su proceso judicial dentro de un plazo razonable.
Por: Yari Araujo
