La Fundación Primero Justicia interpuso una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República, solicitando una investigación exhaustiva sobre el presunto uso ilegal de fondos provenientes de USAID.
Según la denuncia, estos fondos habrían sido utilizados para fines políticos, incluyendo la compra de comunicadores independientes y la financiación de falsos grupos de presión social, cuyo objetivo sería desestabilizar el gobierno y atacar instituciones del Estado.
La denuncia señala que se sospecha que los fondos de USAID también podrían haberse destinado al tráfico de parturientas haitianas y al impulso de una invasión haitiana en la República Dominicana.
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“La Fundación acude a la Procuraduría General de la República con el fin de exigir una investigación pormenorizada sobre el uso doloso de los recursos provenientes de USAID en actividades de tráfico de parturientas haitianas y en la compra de supuestos comunicadores independientes”, expresaron los representantes.
La Fundación acusa a varias organizaciones que recibieron estos fondos de participar en campañas de descrédito político y en la manipulación de la opinión pública con el fin de influir en las elecciones nacionales.
Entre las organizaciones mencionadas en la denuncia se encuentran Participación Ciudadana (PC), la Organización Internacional de Migrantes (OIM), Human Rights Watch (HRW), Dominicanos por Derecho (DxD), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y el Instituto sobre Apatridia e Inclusión (ISI), entre otras. Se sospecha que estas entidades recibieron millones de dólares de USAID, y la Fundación Primero Justicia exige que se investigue el uso legal o ilegal de estos fondos.
Además, se resalta que estas organizaciones podrían estar involucradas en la violación de leyes como la Ley 173-03 sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, y los artículos correspondientes del Código Penal y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La Fundación Primero Justicia ha solicitado que la Procuraduría General de la República intervenga para sancionar a los responsables de estos presuntos delitos que, según la denuncia, afectan gravemente al pueblo dominicano.
Por: Itzel Olivo
