En diversas ocasiones el equipo N Investiga ha presentado casos de personas que pierden la vida en accidentes de tránsito, siendo los responsables, en su mayoría, solo condenados con el pago de una fianza y no enviados a prisión, pese a que existan agravantes.
Es el temor de la familia de Aída Nicole Reyes Gómez, de 21 años, fallecida en un accidente de tránsito el pasado 26 de febrero.
“Una niña dulce, agradable, luchadora. Yo estoy aquí por su memoria, porque ella siempre me decía: papi, hay que luchar. Tú puedes, papi”, manifestó Vicente Reyes, padre de la víctima.
Durante las últimas dos décadas, la Organización Panamericana de la Salud ha situado a la República Dominicana entre los primeros cinco países con la tasa más elevada de fallecimientos por accidentes de tránsito.
Aída Nicole Reyes Gómez, mercadóloga egresada de Intec, de 21 años, tenía previsto irse a España, el 15 de septiembre próximo, a cursar una maestría, sin imaginarse que el destino la llevaría hacia un trágico final, cuando regresaba de un cumpleaños junto a dos amigos, e iba en la parte de trasera del vehículo, la noche del pasado 26 de febrero, a las 10:44 de la noche.
Su padre detalla que “la persona cruzó una luz roja y como que no se incorporó, o sea, lo sacó a ellos de su carril, lo golpeó con su lado izquierdo, golpeando el lado derecho, por consecuencia del vehículo, entonces el vehículo se vira, hace esto”.
Vicente Reyes se enteró por una llamada del trágico suceso y a menos de cinco minutos ya estaba en el lugar de los hechos, la intersección de la avenida Winston Churchill con Ángel Severino Cabral, donde se encontró con un abrumador y devastador panorama.
“Pensaba que iba a llegar y encontrar mi hija con algún tipo de lesión que se le habían llevado a un hospital, pero encontrarla rodeada de personas desconocidos grabándola, tirada en un charco de sangre tirada en el pavimento”, indicó Reyes ante las cámaras.
La joven murió por un trauma craneoencefálico severo con heridas en la región frontal y una herida de tres centímetros en la espalda. La ambulancia llegó 15 minutos después de la llamada que reportó el siniestro, un tiempo considerable tomando en cuenta que por la hora no había entaponamientos. Tras entregar el cadáver al INACIF, sus familiares se dirigieron al Centro del Automovilista, donde exigieron ver a los responsables.
“Según los testigos, ella no paró, ella siguió, lo que pasa es que ella no pudo avanzar en vista de que su goma, como impactó con este lado, impacta el vehículo, la goma delantera izquierda, sufrió una lesión, o sea, se averió o se dañó… en ese momento, la DIGESSET la detiene, pero si no, ella se hubiese dado a la fuga´”, asegura el padre de la víctima.
Se refiere a Raquel Guzmán Torres, de 32 años, a quien tres horas después del accidente no le habían realizado la prueba de alcoholemia. Los familiares de la víctima tuvieron que exigir que se cumpliera con ese protocolo establecido en la Ley. La primera prueba arrojó 0.77 y la segunda, cinco horas después, resultó en 0.68. Para consternación de los familiares, dos días después del hecho, el viernes 28, en medio del proceso investigativo, acuden a DIGESSETT y se encuentran con unos oficios donde se les exige a ellos mismos gestionar las imágenes del accidente.
“Eso, ellos tienen un ping-pong, dicen que no les pertenece a Intrant, dicen que no les pertenece al 911, dicen que el 911 se la pasó a la Digessett, la Digessett dice que se la pasó a la Policía. Eso fue lo que nos dijeron a nosotros”, sostuvo Reyes.
Pero ese sería solo uno de los obstáculos, pues el día del conocimiento de la medida de coerción, el lunes 3 de marzo, se percatan de que en el acta de acusación, el Ministerio Público solicita una garantía económica.
“Yo digo, pero como una garantía económica, si hay una persona fallecida y si esta persona está a los efectos del alcohol, que es un agravante, impone el máximo de la ley que son tres años”, dice Vicente Reyes.
Su abogado plantea cambiar la acusación, solicitando prisión preventiva, así como incorporar la prueba de alcoholemia, que no fue aceptada por el Ministerio Público porque la unidad de medida de los alcoholímetros es distinta a la de la Ley. Y, en este caso, ella no los violaba pero hay que tomar en cuenta que se hizo tres horas después del hecho y que, según el manual del fabricante del dispositivo, con el nivel de alcohol en la sangre que presentaba no estaba en condiciones aptas para conducir ya que presenta euforia, deterioro de la vista y tiempo de reacción, disminución del juicio y autocontrol. La precaución, razón y memoria se ven afectadas.
Causa preocupación que DIGESSETT no haga la conversión de la unidad de medida de sus alcoholímetros a la unidad de medida establecida en la Ley, propiciando el rechazo del Ministerio Público a las certificaciones, en una evidente falta de coordinación interinstitucional que libera a personas que por imprudencias ocasionan muertes.
“Todos nos conocemos, pero eso no significa que el que yo tengo una posición de control, una posición de poder, yo tenga que romper con mi protocolo, con mi ética de trabajo para beneficiar un amigo, para beneficiar un conocido”, dijo Vicente Reyes.
Todos los obstáculos en el proceso, según la familia, no son casualidad, debido a que el esposo de la imputada, Ruddy Nelson Frías, ha ocupado importantes posiciones en el Estado.
“Ese señor fue exregidor, exdiputado, trabajó en la Defensoría del Pueblo en el tiempo de Doña Zoila Martínez, año 2019. Ha sido mencionado, él es abogado notario, ha sido mencionado en el caso Calamar, está acreditado como testigo”, asegura Reyes.
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Algunos casos de condenas de garantía económica por accidentes
En otra muestra de cómo se ha normalizado imponer garantías económicas en lugar de prisión preventiva a los acusados de accidentes, aún con agravantes, el 6 de marzo, el Juzgado Especial de Tránsito impuso a Raquel Guzmán Torres, una garantía económica de dos millones de pesos e impedimento de salida.
Un resultado similar obtuvo el accidente ocurrido en Ciudad Juan Bosch, en octubre de 2024, que causó la muerte de Altagracia Trinidad Ortiz, y dejó gravemente heridas a su hija de 14 años y su hermana Eulalia Trinidad Ortiz. A pesar de que el conductor, menor de edad e hijo de la jueza Mary Berenita Ramírez Jiménez, huyó de la escena, solamente recibió como medida cautelar: impedimento de salida, presentación periódica y prohibición del uso de redes sociales. Mientras, se perdió una vida y las sobrevivientes continúan recibiendo terapias psicológicas y físicas.
En el caso de Eulalia Trinidad Ortiz, trata de recuperar la movilidad de su brazo que aún sigue torcido debido a que tiene una tendinopatia del manguito de los rotadores. Justo esta semana será sometida a una intervención quirúrgica. El dolor físico y emocional se agrava porque todavía están en un largo proceso legal, ya que en abril tienen audiencia, y se encuentran con numerosos obstáculos, empezando por algo tan básico como tomar sus declaraciones.
Definitivamente, apenas es el inicio de todo un viacrucis, similar al que atravesó Sandra Acta, madre de Johan Enrique Pou Acta, muerto en un accidente en la avenida Bolívar esquina Núñez de Cáceres en 2003. Durante más de 6 años, esta madre luchó incansablemente para que apresaran al responsable, Domingo Antonio Jaime del Pozo, a quien en 2009 le impusieron una pena de dos años. Evidentemente, la falta de consecuencias y aplicación correcta de la Ley de tránsito inciden en las fatídicas estadísticas de República Dominicana.
“Eso no es un tema de campaña. Ellos no les preocupan eso, porque los muertos no dan votos. Los muertos no dan voto. O sea, los muertos, los fallecidos por accidentes de trágicos, solo generan dolor en la familia”, asegura Reyes.
Padre plantea solución
El padre de Aída Nicole plantea como solución sanciones más severas: aumentar la pena máxima de tres a 20 años de prisión.
“Los tres años se lo van a pasar en todo el proceso, conociendo el proceso, a través de los diferentes incidentes que van a provocar para eso. Saben que son culpables y van a incidentar el proceso hasta llegar a los tres años”, dijo Reyes.
Gobierno intervendrá cruces y retornos con más accidentes de tránsito y promete contundencia contra infractores
Hace diez días el Gobierno anunció que implementará medidas más estrictas contra los conductores que violen la Ley de Tránsito, con el objetivo de reducir los accidentes viales, que ya suman más de 15,000 en lo que va de año, de los cuales un 65 % involucra motocicletas.
La información fue ofrecida por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien explicó que el Gobierno intervendrá los cruces y vías de retorno con mayor índice de siniestros, en coordinación con las autoridades competentes.
Mientras que el año pasado el presidente de la República, Luis Abinader, presentó el Pacto Nacional de Seguridad Vial el cual tiene como finalidad reducir en un 50 por ciento los accidentes de tránsito en cinco años en todo el territorio nacional.
