Un tribunal de Santiago condenó a cuatro hombres, cada uno a 20 años de prisión, tras ser hallados culpables de pertenecer a una estructura criminal que cometió robos y asaltos a mano armada en esta provincia, según se dio a conocer este martes.
La decisión fue adoptada por el Primer Tribunal Colegiado de Santiago en contra de Wellington Núñez Sermo (alias el Menor), Yenerson Zarzuela Alcántara (Chon), José Luis Mercedes Cabrera (el Regidor) y Dauri Alexander Ulloa Santos, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.
Según la acusación, la madrugada del 16 de junio del 2021 los cuatro hombres ingresaron a una residencia, ubicada en el municipio Licey al Medio, luego de escalar la verja perimetral y provocar el rompimiento de paredes con el uso de patas de cabra, así como del cableado eléctrico.
Posteriormente, irrumpieron en la habitación de una de las víctimas a quien encañonaron con arma de fuego, lanzándole al suelo, donde le golpearon y ataron.
Lo mismo hicieron con otros miembros de la familia, sobre los cuales ejercieron presión psicológica y constreñimiento, bajo amenazas de muerte a punta de armas de fuego, para obligarlos a revelar donde tenían escondido el dinero y las prendas de valor que buscaban.
Luego de atar y mantener el dominio sobre las víctimas, una de las cuales fue atada con unas esposas, los hombres sustrajeron numerosas joyas de oro, incluyendo cadenas, medallas, anillos, brazaletes relojes, por un valor de aproximadamente 800,000 dólares, así como perfumes de hombres de distintas marcas.
En efectivo sustrajeron más de 100,000 pesos y 200,000 dólares, de acuerdo con el Ministerio Público.
En el segundo nivel de la residencia, donde había otros miembros de la familia, irrumpieron golpeando y atando por los pies a uno de ellos y obligándole a revelar dónde había pertenencias de valor, logrando llevarse, también, un bulto conteniendo otras prendas en oro, perfumes, relojes y dos armas de fuego.
Aunque los ahora condenados intentaron ocultar las prendas, poniéndolas bajo empeño o haciendo intercambios, la Fiscalía obtuvo evidencias de dónde fueron entregadas y ocultas, logrando identificar a los integrantes de esta red.
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal impuso contra los acusados el pago de una indemnización por 15 millones de pesos en favor de las víctimas.
