Asunción, EFE.- El sistema carcelario de Paraguay se evidenció este domingo como uno de los puntos más débiles del Gobierno que preside el conservador Mario Abdo Benítez con la fuga de 75 integrantes del grupo criminal brasileño Primer Comando Capital (PCC), y la sospecha de que escaparon con el apoyo de las autoridades del penal de Pedro Juan Caballero (norte).
La fuga se produjo de madrugada y supuestamente a través de un túnel, si bien diferentes voces del Gobierno apuntaron que no pudo darse sin la complicidad de guardias o funcionarios de esa cárcel, ubicada en esa ciudad, capital del departamento de Amambay y frontera con Brasil.
El ministro de Interior, Euclides Acevedo, no descartó a una cadena local que el túnel se habría construido como una fachada para ocultar esa colaboración desde el interior de la cárcel.
Por su parte, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, con dos meses en el cargo, recordó que su departamento había anunciado el pasado diciembre que contaba con informaciones sobre un plan de fuga en varias cárceles del país de cabecillas del PCC, una de ellas la de Pedro Juan Caballero.
Según esos reportes, desde el PCC se estaría aportando unos 80.000 dólares para posibilitar esas fugas.
La ministra anunció en esa comparecencia la destitución del director general de Establecimientos Penitenciarios, del director y de varios guardias de la cárcel.
También se mostró partidaria de prorrogar la Ley de Emergencia Penitenciaria sancionada en septiembre por Abdo Benítez después de varios enfrentamientos y amotinamientos en algunos penales del país.
La ley establece el refuerzo de la seguridad en los penales con presencia militar en los perímetros de los mismos, y autoriza al Ministerio de Justicia a ampliar su presupuesto y a reforzar su personal “en carácter de excepción” ante la insuficiencia de custodios.
AMENAZA A LA SEGURIDAD NACIONAL
Pérez convocó una rueda de prensa en la sede del Ministerio para dar detalles sobre la fuga, ocurrida de madrugada, que calificó de “hecho extremadamente grave. Sin precedentes, una cuestión de seguridad nacional”.
De acuerdo con la ministra, entre los fugados estarían seis lugartenientes de “Minotauro”, detenido hace un año en Brasil y uno de los jefes PCC, grupo asociado al tráfico de drogas y armas, que tiene en Pedro Juan Caballero uno de sus centros operativos en Paraguay.
Pérez dijo en noviembre, al asumir el puesto, que la lucha contra el crimen organizado, tanto el de los grupos locales como los que tienen su origen en Brasil, sería uno de los ejes de su gestión, junto a la reforma del sistema penitenciaria.
La ministra reemplazó a Eber Ovelar, siendo la tercera titular de Justicia del Gobierno de Abdo Benítez.
Ovelar, que alegó razones de salud para su renuncia, tras dos meses en el cargo, sustituyó a Julio Ríos, quien fue destituido como consecuencia del rescate de Jorge Samudio, un líder del Comando Vermelho, el otro grupo criminal brasileño que presencia en Paraguay.
Samudio fue liberado por un grupo armado que asaltó el furgón penitenciario en el que se trasladaba desde el Palacio de Justicia hasta la penitenciaría de Emboscada, lo que se saldó con el fallecimiento de uno de los agentes de policía que lo custodiaba.
La continuación de Ríos en el cargo estaba en la mira desde junio, cuando sendos motines en dos cárceles paraguayas, protagonizados por miembros del PCC dejaron 10 muertes y 17 heridos.
Ovelar y Pérez se mostraron favorables a agilizar los procesos de extradición a Brasil de los cabecillas más peligrosos del PCC que cumplen condena en Paraguay, alrededor de ochenta.
Desde las instituciones penitenciarias se reconoce que muchos de eso presos disfrutan de “celdas VIP”, con televisión, frigoríficos, ordenadores y computadoras, gracias a los sobornos a funcionarios.
El PCC cuenta además con “soldados” paraguayos, muchos de los cuales son reclutados en las cárceles, según admiten las autoridades.
Esa corrupción hace que esos criminales prefieran cumplir sus penas en Paraguay.
El caso más notorio fue el del narcotraficante brasileño Marcelo Pinheiro, alias “Piloto”, que en noviembre de 2018 mató a una joven de 18 años que fue a visitarle a la Agrupación Especializada, en Asunción, donde se encontraba recluido.
Se cree que “Piloto” buscaba con ello tener una causa abierta en Paraguay para cumplir las penas de cárcel en el país y evitar la extradición a Brasil.
Sin embargo, el Ejecutivo resolvió días después expulsarlo para no “esperar más el proceso de la Justicia”, dijo hoy entonces Abdo Benítez.
