Estados Unidos descubre que, a medida que se intensificaron las manifestaciones en Sudamérica, también los troles rusos aparecieron en Twitter - N Digital
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Estados Unidos descubre que, a medida que se intensificaron las manifestaciones en Sudamérica, también los troles rusos aparecieron en Twitter

WASHINGTON — Cuando observaron cómo se alzaba una ola de agitación política por toda Sudamérica este otoño, algunos funcionarios del Departamento de Estado se percataron de un patrón de similitud escalofriante en ciertas protestas contra el gobierno que, fuera de eso, tenían poco en común.

En Chile, alrededor del diez por ciento de los tuits de apoyo a las manifestaciones realizadas a finales de octubre aparecieron en cuentas de Twitter cuya afiliación con Rusia era casi innegable.

En Bolivia, en cuanto el presidente Evo Morales renunció el 10 de noviembre, el número de tuits asociados con ese tipo de cuentas se disparó a más de mil por día, mientras que antes ni siquiera llegaban a cinco.

También en Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y Chile, en un periodo de treinta días, varias cuentas vinculadas con Rusia publicaron mensajes muy similares en intervalos de noventa minutos.

Los analistas del Departamento de Estado concluyeron que estaba en marcha una campaña de influencia, la prueba más reciente de una guerra global de información falsa que es más artera y eficaz que la propaganda tradicional de otras épocas.

El departamento mantiene monitoreado el tráfico de Twitter por todo el mundo con el propósito de detectar actividades maliciosas, como la proliferación de páginas falsas y cuentas o contenido que envíe al público mensajes para estimular la división. The New York Times recibió un conjunto de análisis en respuesta a preguntas sobre lo que había visto el departamento durante las manifestaciones de otoño en Sudamérica y con posterioridad.

“Observamos cierta manipulación”, afirmó Kevin O’Reilly, subsecretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental. “Esta influencia le ha sumado polémica y complicaciones al proceso normal de resolución de controversias de una sociedad democrática”.

Las acciones rusas en Sudamérica, de las que no se había dado información antes, parecen tener como objetivo incitar disconformidad en estados que han exigido la renuncia del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, señalaron algunos diplomáticos de alto rango.

En Colombia, donde se espera la visita del secretario de Estado Mike Pompeo esta semana, cientos de miles de manifestantes salieron a las calles en noviembre en protesta por los cambios a las pensiones, la corrupción y el aumento de la violencia. Ahora hay menos protestas y, en diciembre, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, acusó a Rusia y sus aliados en Venezuela de fomentar protestas mediante campañas en las redes sociales.

En Ecuador, la ministra del Interior, María Paula Romo, dijo que se cree que una campaña en contra del gobierno que ganó impulso en línea en octubre, durante dos semanas de manifestaciones en contra del aumento al precio de los combustibles, se originó en Venezuela y Rusia.

Algunos funcionarios y expertos explicaron que las campañas rusas de influencia en las redes sociales han alterado elecciones en Estados Unidos y Europa, diseminado animosidad hacia Occidente y noticias falsas en África, así como inspirado a China e Irán a adoptar tácticas similares contra manifestantes y adversarios políticos.

La agitación de finales del año pasado en América Latina no puede atribuirse a un solo factor, y no se sabe a ciencia cierta cuán efectiva fue la campaña de influencia en Twitter vinculada con Rusia. Los manifestantes que salieron a las calles en todos esos países pertenecían a todo el espectro político, protestaban en contra de la corrupción del gobierno y los precios elevados y exigían mejores servicios. Funcionarios del Departamento de Estado declararon que la gran mayoría de las publicaciones en Twitter y otras redes sociales en relación con las protestas parecían ser legítimas.

Con el apoyo de más de cincuenta países, el gobierno de Donald Trump impuso desde hace un año severas sanciones económicas en contra del gobierno de Maduro en Venezuela. La coalición respalda a Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana, a quien la mayoría de los países de América Latina y el resto de Occidente consideran el presidente legítimo del país.

Sin embargo, todo parece indicar que Maduro no ha perdido control sobre el país, gracias a fondos que sus críticos han descrito como ganancias ilícitas obtenidas por la venta de petróleo a Rusia y de oro a Turquía.

Las campañas rusas de influencia en línea en América Latina comenzaron a aparecer hace una década, y se dispararon gracias a la nueva tecnología y la proliferación de las redes sociales.

En particular, las filiales de habla hispana de dos organizaciones de noticias rusas han sido blanco de acusaciones de difundir información falsa, teorías conspirativas y, en algunos casos, falsedades descaradas para socavar políticas liberales demócratas, en su mayoría en Occidente.

Una de ellas, la estación financiada por el Estado RT Español, dijo que tiene una audiencia de dieciocho millones de personas cada semana en diez países de América Latina y más de mil millones de reproducciones en YouTube. La otra, Sputnik Mundo, operada por el gobierno, arrancó transmisiones hace varios años y se produce parcialmente en Montevideo, Uruguay.

Según algunos expertos, estas dos empresas han sido la principal fuente de información para los bots de Twitter y las llamadas cuentas troles que se han concentrado en el movimiento de Guaidó en Venezuela.

Bret Schafer, experto en información falsa y medios que trabaja con la Alianza para Garantizar la Democracia, una iniciativa del Fondo Marshall Alemán de Estados Unidos, comentó que algunas cuentas de Twitter que habían difundido información falsa en Venezuela podían rastrearse a la Agencia de Investigación de Internet, la fábrica de troles rusa operada por personas leales al presidente Vladimir Putin acusada de interferir en la campaña presidencial de Estados Unidos en 2016.

Los análisis proporcionados por el Departamento de Estado no demostraron que las cuentas de Twitter usadas para enardecer las protestas en Sudamérica fueran canales directos del gobierno ruso. Más bien, su descripción indicaba que era “probable que estuvieran ligadas al Estado ruso” a través de análisis generados por computadora o de minería de datos que respaldan las conclusiones de otros gobiernos que las vinculan con Moscú.

Un vocero de la embajada de Rusia en Washington, Nikolay Lakhonin, se negó a hacer comentarios el 16 de enero, y se limitó a pedir “pruebas reales” de la supuesta campaña de información falsa vinculada con Rusia en Sudamérica.

En Chile, el presidente Sebastián Piñera ha dicho que algunos actores extranjeros ayudaron a incitar desde finales de octubre una ola de protestas y actos de vandalismo que sumieron al país en un mes de crisis. Sin embargo, no culpó a ningún gobierno ni región específicos.

En diciembre, durante una entrevista con CNN en Español, dijo que una “mano extranjera” difundió información falsa a través de las redes sociales en los primeros días del alboroto, y así había contribuido a fomentar la agitación en línea: “Existe un ataque contra el sistema político”.

La tasa de publicaciones en cuentas de Twitter vinculadas con Rusia durante las protestas contra el gobierno de Chile fue un nueve por ciento más alta que durante las campañas demócratas para las primarias el año pasado en Estados Unidos, que por lo regular son un tema de gran interés, según descubrieron los análisis del Departamento de Estado.

Los análisis mostraron que las cuentas de Twitter publicaron en español y en inglés para dirigirse al público chileno y a las audiencias extranjeras.

Una campaña en Twitter con la etiqueta #Chile, que alcanzó el quinto lugar de popularidad entre 3300 cuentas de Twitter relacionadas con Rusia del 23 al 29 de octubre, el punto más álgido de las manifestaciones, ni siquiera se encontraba entre las cien más populares para finales de diciembre, según datos del Departamento de Estado.

El gobierno de Piñera encargó su propio informe, según el cual el 31 por ciento de las publicaciones en las redes sociales durante un periodo intenso de la crisis se difundieron desde el exterior del país. Algunos analistas afirman que el público chileno ha respondido con críticas y burlas a este informe, pues consideran que no proporcionó pruebas convincentes de que algunos actores extranjeros hayan desempeñado un papel determinante para incitar las protestas.

“No hay ninguna prueba de que haya existido alguna intervención del extranjero”, opinó Marta Lagos, directora de Latinobarómetro, corporación dedicada a estudiar la opinión pública en América Latina. “Hasta ahora, no han identificado a ningún extranjero que haya participado en alguna actividad criminal”.

Una de las cuentas que monitoreó el Departamento de Estado, @FriendsofPutin, criticó en un tuit el 12 de diciembre la campaña de presión constante del gobierno de Trump contra el gobierno de Maduro en Venezuela.

“Por desgracia, Washington ni siquiera está considerando la posibilidad de olvidar sus planes de derrocar al gobierno venezolano legítimo”, decía en inglés. Los análisis del Departamento de Estado afirmaban que cuentas como @RussianHeroe y @Putintrump compartieron esa publicación el mismo día, aunque esos tuits ya no aparecen en las cuentas.

El Departamento de Estado concluyó que lo más probable es que esas tres cuentas sean agentes o bots rusos y troles que intentan amplificar su mensaje sin correr el riesgo de que los denuncien como falsos.

Este mes, el enviado especial del Departamento de Estado para asuntos venezolanos, Elliott Abrams, les dijo a varios periodistas en Washington que los funcionarios estadounidenses quizá subestimaron el nivel de apoyo ruso y cubano que recibió Maduro para poder permanecer en el poder.

“Siempre estamos pensando en cómo obtener mejores resultados”, afirmó Abrams.

Juan Guaidó, quien ha contado con el apoyo del gobierno de Donald Trump para ser reconocido como presidente de Venezuela desde hace más de un año, en Caracas, Venezuela, el 7 de enero de 2020. (Adriana Loureiro Fernández/The New York Times)

c.2020 The New York Times Company

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