San José, EFE.- La Fiscalía allanó este viernes la Casa Presidencial en Costa Rica y confirmó que entre las personas investigadas se encuentra el mandatario, Carlos Alvarado, en un caso sobre la presunta violación de datos personales con la creación de una polémica unidad de análisis de datos.
En un hecho pocas veces visto en la historia del país, los fiscales ingresaron a la Casa Presidencial para decomisar documentación, equipos de cómputo y aparatos electrónicos de los funcionarios que trabajaban en un equipo de análisis de datos, que según el Gobierno se dedicaban a cruzar información no sensible para la generación de políticas públicas.
EL CASO
La Fiscalía General de la República informó que este viernes efectuó diez allanamientos, que además de la Casa Presidencial incluyeron el Ministerio de Planificación y casas de habitación, como parte de la investigación por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato (firma de resoluciones ilegales).
La Fiscalía confirmó que en el expediente figuran como investigadas ocho personas, entre ellas el presidente Carlos Alvarado y su ministro de la Presidencia, Víctor Morales.
Los otros funcionarios de Gobierno investigados son el viceministro de Planificación, Daniel Soto Castro; los asesores presidenciales Alejandro Madrigal Rivas, Andrés Villalobos Villalobos, Diego Fernández Montero y Luis Salazar Muñoz; y la jefa de despacho del presidente, Felly Salas Hernández.
Las investigación pretende determinar si el equipo de análisis de datos de la Casa Presidencial, que opera desde hace 18 meses, accedió a datos sensibles de la población sin ningún respaldo legal y con conocimiento del presidente.
El caso salió a la luz la semana pasada cuando los medios de comunicación informaron acerca de un decreto publicado el 17 de febrero en el que el Gobierno creaba la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
EL POLÉMICO DECRETO
El decreto, que fue derogado por Alvarado el 21 de febrero en medio de una lluvia de críticas, en su artículo 7 indicaba que “las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos” incluida “la información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas”.
El Gobierno asegura que el decreto buscaba institucionalizar el equipo de análisis de datos que trabaja en Casa Presidencial desde hace 18 meses y el mismo presidente Alvarado reconoció que hubo “errores” en la redacción del decreto, por lo cual fue derogado.
Alvarado aseguró que nunca hubo acceso a datos sensibles porque ese no era el objetivo y porque, además, las leyes lo impiden.
También dijo el mandatario que derogó el decreto para abrir un espacio de discusión sobre la necesidad de hacer política pública basada en la ciencia de los datos.
El presidente dijo este viernes por medio de un video, que desde el principio su Gobierno ha estado a disposición de las autoridades judiciales para que esclarezcan el asunto y comentó que ordenó que se preservara toda la información sobre el equipo de análisis de datos.
“Sobre los allanamientos, entiendo que es la forma en que nuestra institucionalidad democrática puede dar a conocer la verdad y dar confianza a la ciudadanía. Este tema debe seguir su debido proceso, es nuestra voluntad, deseo y deber facilitarlo. Confío en nuestra democracia y en la fortaleza de nuestras instituciones”, aseguró el presidente Alvarado.
Este viernes también presentó su renuncia al cargo el asesor legal de la Presidencia, Luis Salazar Muñoz, quien se encuentra entre los 8 investigados del caso por la firma del decreto.
Esta es la peor crisis que ha vivido el Gobierno de Alvarado, que en mayo próximo cumplirá dos años de gestión, la mitad del periodo presidencial.
LA OPOSICIÓN LANZA DURAS CRÍTICAS
Los partidos de oposición han emitido duras críticas hacia el Gobierno y han expresado su satisfacción por el allanamiento llevado a cabo por la Fiscalía, aunque un sector cree que esa diligencia se debió hacer días atrás.
Los diputados del bloque conservador evangélico Nueva República afirmaron que con lo ocurrido este viernes “la gloria de Costa Rica se mancha en muchos rincones del mundo” y han calificado a la UPAD como una “agencia de espionaje”.
El Partido Liberación Nacional expresó que los ciudadanos “necesitan conocer la verdad de los hechos” y mostró su confianza en el trabajo de la Fiscalía, al mismo tiempo que hizo un llamado a evitar “posiciones extremas” y “retórica vacía”.
El diputado del izquierdista Frente Amplio, José María Villalta, celebró que “la justicia actúe en el grave caso de la UPAD”, ya que “nadie está por encima de la ley”.
