El Departamento de Estados de Estados Unidos emitió este miércoles su reporte sobre los derechos humanos señaló que el gobierno dominicano no respetó la independencia judicial y la imparcialidad, a pesar de que las leyes establecen un poder judicial independiente.
Asimismo, acusó al Gobierno de ejercer de manera generalizada una influencia inadecuada en las decisiones judiciales
El documento de cuenta de que “la interferencia varió desde el enjuiciamiento selectivo hasta el despido de casos en medio de acusaciones de soborno o presión política indebida”.
Añade además que, “el Poder Judicial desestimó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel, la forma más frecuente de interferencia con las órdenes judiciales se produjo cuando las autoridades se negaron a cumplir con los recursos de hábeas corpus para liberar a los detenidos”.
En el capítulo sobre “Corrupción y falta de transparencia en el gobierno”, el Departamento de Estado indicó que en septiembre de 2017 la Corte Suprema dio inicio a un juicio contra seis de los 14 encartados en el caso de soborno por la empresa constructora Odebrecht. Los seis incluían un senador, un representante de la cámara baja, un ex senador y un ex ministro de obras públicas.
La sociedad civil acogió con beneplácito el juicio como un paso adelante en la lucha contra la corrupción, pero los activistas destacaron lo que percibían como falta de voluntad política para investigar el caso, que involucraba a las élites políticas y económicas de la República Dominicana.
Asimismo, en junio de ese mismo año el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en un informe reveló que además de los US$92 millones, la constructora Odebrecht distribuyó otros US$39.5 millones en intensivos durante la construcción de la planta de carbón Punta Catalina.
Tras ser pública la información la Oficina del Fiscal General procedió a interrogar a varios consultores financieros supuestamente involucrados en el proceso de licitación de la planta, pero no se presentó ningún cargo adicional.
Las ONG criticaron la práctica generalizada de otorgar posiciones gubernamentales como mecenazgo político, argumentando que muchos funcionarios recibían un salario por parte del gobierno sin realizar un trabajo.
