El gobierno venezolano rechazó este lunes que el Tribunal del Distrito de Delaware, EE.UU., ordenase iniciar los procedimientos para la venta judicial de las acciones de la empresa estatal Citgo Petroleum pertenecientes a PDV Holding, propiedad de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Según un comunicado oficial, esta decisión demuestra que hay un plan por parte del gobierno de Donald Trump para confiscar los activos de PDVSA en EE.UU. “Para tales fines, han delegado en el diputado Juan Guaidó y sus cómplices, el establecimiento de una fraudulenta representación de la República y de PDVSA, que no sólo es ilegal, sino que actúa en detrimento del interés nacional”, señala el texto.
La sentencia del tribunal surge tras un reclamo realizado por la empresa canadiense Crystallex en contra de Venezuela ante el Tribunal Arbitral del Centro International de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por valor de 1,2 millardos de dólares.
Sin embargo, el gobierno venezolano alega que “ni PDVSA, ni Citgo, ni PDV Holding, son deudores de Crystallex ni fueron sujetos del procedimiento ante el Tribunal Arbitral del CIADI”.
Un viejo litigio
Desde agosto de 2018, el juez Leonard P. Stark, del Tribunal de Distrito de EE.UU. en Delaware, autorizó la incautación de Citgo por parte de Crystallex, cuyos activos en Venezuela fueron nacionalizados en 2008, durante el gobierno de Hugo Chávez.
Sin embargo, el juez aplazó temporalmente la aplicación de la orden, para que puedan realizarse otras apelaciones. Pero, el pasado 22 de mayo pidió avanzar con la medida.
Entre el país suramericano y la empresa canadiense existe un viejo litigio. De acuerdo con el gobierno, Crystallex nunca tuvo derechos mineros, títulos legítimos ni de propiedad sobre la mina áurica ‘Las Cristinas’, en el estado Bolívar, en el sur del país.
En 2008, el entonces Ministerio del Ambiente rechazó el plan ambiental propuesto por la transnacional aurífera y se inició el litigio, en el cual Venezuela expuso sus argumentos para rescindir el contrato de servicio y operaciones.
En este proceso, uno de los abogados de Crystallex ha sido José Ignacio Hernández, quien fue nombrado como procurador de la nación por el diputado opositor, Juan Guaidó. Desde inicios del 2019, EE.UU. reconoció a Guaidó como “presidente interino” de Venezuela, y aprobó una junta nombrada por la oposición para que asumiera el control de Citgo.
De acuerdo con el gobierno de Nicolas Maduro, Citgo, durante el primer trimestre del año 2018, reportó una ganancia de más de 600 millones de dólares; hoy, en manos de Guaidó no llega a los 300 millones, y nadie conoce el destino de estas ganancias.
En este sentido, el pasado 11 de abril, Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. prohibió las transacciones relacionadas con la venta o transferencia de acciones de Citgo hasta el venidero 22 de julio.
Fuente: RT
