La demanda pide que se anule la orden de ICE, que califica de “arbitraria y caprichosa”, que es el mismo lenguaje empleado por el Tribunal Supremo de Justicia cuando dos semanas atrás encontró carente de argumentos el decreto del presidente Trump que en 2017 dio por terminado el programa de Acción Diferida para los Llegados a la Infancia (DACA), que protege a miles de jóvenes de la deportación.
La fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, dijo el martes que la orden “es otro intento cruel e ilegal del gobierno de Trump y del ICE por sembrar incertidumbre y castigar a los inmigrantes”.
“Nuestro estado aloja a miles de estudiantes internacionales quienes no deberían temer la deportación para tener una educación”, añadió.
La norma gubernamental podría reducir sustancialmente el número de estudiantes extranjeros matriculados para el año lectivo que comienza este otoño (hemisferio norte).
La pandemia de COVID-19 ya ha causado demoras en el procesamiento de las visas y el trámite para los estudiantes debería completarse antes de fin de julio, pero debido a la preocupación por la salud de alumnos y profesores, muchas universidades han anunciado una combinación de clases presenciales y cursos dictados en línea.
Ken Cucinelli, subdirector interino del Departamento de Seguridad Nacional del cual depende el ICE, dijo que la nueva norma “alentará a las universidades a reanudar sus actividades”.
El presidente de la Universidad de Massachusetts, Marty Meehan calificó como “cruel” el cambio de requisitos y dijo que “crea confusión e inestabilidad enormes para miles de estudiantes internacionales en la UM, sin mencionar el más de millón de estudiantes extranjeros en todo el país”.
Beth Kontos, presidente de la Federación Estadounidense de Docentes, dijo que “esta decisión hay que llamarla por lo que es: un presidente racista que insiste en su estrategia fallida de negar las realidades de la crisis de salud y que renueva su campaña de odio contra los inmigrantes”.
Fuente: EFE
