Por Edgar Raffa
Legisladoras del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de la Fuerza del Pueblo (FP) entienden que la Ley Orgánica de Agua debe estudiarse con minuciosidad y que la misma debería ser aprobada por el nuevo Congreso, que se instalará el próximo 16 de agosto.
Así lo expresó la diputada del PRM por Samaná, Elsa de León, quien afirmó que comparte la opinión de algunos de sus colegas de que el proyecto debe estudiarse y aprobarse con las autoridades electas.
“Yo estaría totalmente de acuerdo con Ginnette Bournigal, que debe dejarse para que la próxima legislatura y los nuevos congresistas las vean y la aprueben. Yo no veo que si la ley tiene 20 año en el Congreso se tenga que aprobar hoy, cuando ya prácticamente termina la legislatura”, acotó.
Señaló que el maco siempre se quiere meter cuando termina la legislatura, ya que afirma que la misma platería la privatización del recurso natural.
Precisó que el proyecto debe estudiarse minuciosamente nuevamente porque se cambiaron cosas que nosotros habíamos visto y que la comisión bicameral fueron cambiadas.
De su lado, la legisladora de la Fuerza del Pueblo, Johanny Guzmán, dijo que no está de acuerdo con ningún proyecto que regule el agua y que se circunscribe a la posición de la Defensora del Pueblo de no aprobarla.
“Nunca he estado de acuerdo en la regularización a través de mecanismos privados administren porque el agua es un buen público. El Estado tiene la responsabilidad de administrar este bien público”, enfatizó.
Además, lamentó que el actual Congreso no haya resuelto los temas pendientes.
Las congresistas expresaron esos términos tras salir a relucir la negativa de la Defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, quien pidió al Congreso no aprobar la pieza legislativa.
Martínez Guante opinó que esa iniciativa contiene disposiciones que autorizan la privatización del vital líquido, y que son violatorias de la Constitución.
En ese orden, la funcionaria dijo que envió una comunicación al presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho Cuevas, y a los demás legisladores, en la que advierte de que varias disposiciones de ese proyecto de ley vulneran los artículos 15, 37, 38, 61.1 y 147 de la Carta Magna, porque contemplan la concesión y privatización del agua.
Sostuvo que el suministro de agua es una obligación del Estado, y que es un servicio público que debe ser prestado atendiendo a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria, como manda el artículo 147 de la Constitución.
La misma ya fue aprobada por el Senado de la República el pasado nueve de junio en dos lecturas consecutivas.
