Un Tribunal de Apelaciones de California (EE.UU.) tumbó este viernes el veto que regía en ese estado desde 2016 y que prohibía la posesión de cargadores de armas de fuego de gran capacidad, usados en los fusiles de asalto.
Dos magistrados de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, consideraron que la prohibición es contraria a la Constitución de EE.UU., que en su segunda enmienda garantiza el derecho a poseer y portar armas, mientras que la tercera jueza que conformaba el panel disintió.
Los cargadores de gran capacidad permiten disparar varias rondas de munición sin necesidad de recargar y en una cantidad superior a la estándar, por lo que son los que ha menudo se han usado en los tiroteos masivos que han consternado a la opinión pública de EE.UU. y del mundo en los últimos años.
De hecho, 2016, el año en que la Legislatura californiana aprobó la prohibición, fue especialmente sangriento en cuanto a tiroteos masivos, y se registró, entre otros, el que hasta la fecha era el más mortífero de la historia del país en una discoteca gay de Orlando (Florida), en donde murieron 50 personas.
“(La ley) prohíbe cargadores que se usan comúnmente en armas por parte de ciudadanos respetuosos con la ley para defensa propia. Y limita sustancialmente el derecho de defensa propia garantizado a la ciudadanía mediante la Segunda Enmienda (a la Constitución)”, apuntó en la decisión el juez Kenneth Lee.
Lee también escribió que la ley se aprobó “después de que ocurrieran tiroteos masivos desgarradores”, pero que “incluso las leyes bienintencionadas deben acatar la Constitución”.
La decisión del Tribunal podría tener consecuencias, además de California, para otros estados que también tienen prohibiciones o limitaciones severas sobre este tipo de cargadores, como Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Maryland o Colorado.
Además, si el Gobierno californiano decide recurrir la decisión, el caso podría pasar a manos del Tribunal Supremo, la instancia más alta dentro del sistema judicial estadounidense y cuyo potencial veredicto afectaría directamente a todo el país.
Por el momento, el fiscal general de California, el demócrata Xavier Becerra, se limitó a decir que su oficina está “revisando” la decisión.
Fuente: EFE
