San Salvador, EFE.- Una cámara de apelaciones de El Salvador desestimó una decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de no hacer públicos los expedientes de investigaciones administrativas contra funcionarios por supuesto enriquecimiento ilícito, informó este viernes el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
La institución señaló que de esta forma la Cámara de lo Contencioso Administrativo respaldó una resolución del IAIP en la que ordenó a la CSJ “entregar versiones públicas de los informes elaborados por la Sección de Probidad sobre presunto enriquecimiento ilícito” del 2018.
La referida sección se encarga de analizar las declaraciones de patrimonio de los funcionarios al comenzar y terminar sus períodos para determinar si existen o no irregularidades.
Estas investigaciones han dado pie a procesos civiles y penales, como en el caso del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), quien purga una pena de 10 años de prisión por malversar más de 300 millones de dólares.
No obstante, las investigaciones realizadas a otros funcionarios que, según medios locales, presentan irregularidades no se han dado a conocer.
De acuerdo con el IAIP, al Corte Suprema en pleno argumentó que al entregar los informes “significaba violar la Constitución” por supuestamente violar los derechos a la seguridad e intimidad personal.
“Este instituto, desde sus competencias, se mantendrá vigilante de la actuación de la administración pública, a fin de garantizar el avance y la Consolidación de los derechos de acceso a la información”, subrayó el ente en un comunicado.
ORDENA REVELAR LISTADO DE EMPLEADOS GUBERNAMENTALES
El IAIP también ordenó este viernes al Gobierno de Nayib Bukele que entregue la lista de los empleados de la Presidencia entre junio y julio de 2019.
La fuente señaló que el oficial de información de la Presidencia se negó a entregar estos datos y los declaró en “reserva” por supuestamente ser “información confidencial”.
El instituto desestimó el argumento del Gobierno al considerar que los datos solicitados son una “numeración de personas que cumplen funciones públicas” y su divulgación “favorece la contraloría ciudadana”.
El pasado 11 de agosto, el IAIP ordenó al Gobierno que entregue los documentos que certifiquen la experiencia y estudios del presidente Nayib Bukele y de sus funcionarios.
Asimismo, la IAIP ordenó a inicios de agosto al ministro de la Defensa, René Merino, que busque y entregue los archivos militares relacionados con la masacre de estudiantes de 1975 e intervenciones a la estatal Universidad de El Salvador (UES).
A comienzos de 2020, la institución de acceso a la información abrió un proceso administrativo para sancionar al presidente Bukele por supuestamente negarse a desclasificar datos sobre la estructura del Organismo de Inteligencia del Estado.
