A cinco años del comienzo del ciclo de masivas manifestaciones callejeras que siguieron a la muy discutida elección de Jovenel Moïse como presidente –primero en 2015, luego en 2016, tras una repetición tan escandalosa como la votación original–, una nueva ola de protestas sacude a Haití. Lo que cambió es el protagonista.
Tras reprimir –a veces brutalmente– muchas de las marchas opositoras de los últimos años, una parte de la Policía cambió de bando y desde hace varios meses reclama en la calle contra el gobierno. Por momentos, apelando a métodos más propios de una banda criminal que de una fuerza del orden. Realizar disparos intimidatorios al aire e incendiar autos son algunos ejemplos.
El malestar de base son los bajos salarios. Es lo que impulsó las primeras movilizaciones antes de que se desatara la pandemia de COVID-19. Los policías pedían también reconocimiento sindical para negociar con el gobierno, que terminó accediendo. Pero no fue suficiente para destrabar un conflicto que se agravó en las últimas semanas, tras el arresto de cinco agentes que se ausentaron de la custodia que tenían asignada al presidente del Colegio de Abogados, que terminó siendo asesinado.
“La policía protesta porque cinco oficiales fueron arrestados por abandonar su puesto en el lugar del asesinato del destacado abogado Monferrier Dorval. Según algunos reportes, algunos agentes intercambiaron disparos con militares. Además, han incendiado autos y edificios. Pero no es la primera vez que esto ocurre”, dijo a Infobae Kevin Walby, profesor del Departamento de Justicia Criminal de la Universidad de Winnipeg y estudioso de la realidad sociopolítica haitiana.
Lo que comenzó como un reclamo por los sueldos de miseria, una problemática común a gran parte de América Latina, se transformó en una revuelta que pone en jaque al muy endeble orden institucional hatiano. El sector más radicalizado de los uniformados, que se hace llamar “Fantom 509”, prometió este miércoles prender fuego el país si no liberaban a sus colegas. La amenaza resulta cada vez más creíble.
“Las protestas son ciertamente preocupantes. Son un síntoma de la ruptura del orden democrático. El Gobierno no puede financiar adecuadamente la fuerza porque ha robado cientos de millones de dólares para solventar su maquinaria clientelar. Ha marginado o politizado sistemáticamente los mecanismos de rendición de cuentas, incluidos los tribunales, el Parlamento, que está fuera de funcionamiento desde enero, el Consejo Electoral y los organismos independientes de lucha contra la corrupción. Las autoridades alientan e incluso sobornan a agentes para que ataquen a los manifestantes e incluso realicen masacres en barrios opositores. En este contexto, la Policía considera que tiene pocas alternativas a estas protestas disruptivas si quiere que su voz sea oída”, sostuvo Brian Concannon Jr., miembro del directorio del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití (IJDH), consultado por Infobae.
La temeraria protesta pirómana de policías armados que tiene en vilo a Haití.
Con un PIB per cápita de 730 dólares, Haití es el país más pobre de América Latina. Tiene el Índice de Desarrollo Humano más bajo de la región (0,503) y está 169 sobre 189 países en el mundo. Según el Banco Mundial, cerca del 60% de la población es pobre.
El siglo XX hatiano estuvo marcado por la sanguinaria dictadura de François Papa Doc Duvalier y su hijo Jean-Claude Baby Doc, que se adueñaron del estado entre 1957 y 1986. Hasta comienzos de los 90, Haití no tenía una policía civil. La fuerza que custodiaba las calles de Puerto Príncipe dependía directamente del Ejército.
No solo se trataba de una institución con un oscuro prontuario de violaciones a los derechos humanos. Más que una institución era un conjunto de pandillas con uniforme. Los Duvalier no solo se apoyaron en las Fuerzas Armadas para gobernar, sino en grupos paramilitares, como los Tonton Macoute. Tras su disolución formal en 1986, muchos se volvieron uniformados.
Jean-Bertrand Aristide se convirtió en febrero de 1991 en el primer presidente democráticamente electo del país. Uno de sus principales desafíos era crear unas fuerzas de seguridad democráticas. El tamaño del reto quedó evidenciado en septiembre de ese año, cuando un golpe militar lo destituyó a solo siete meses de haber asumido.
Gracias a la combinación de la presión interna y externa, Aristide pudo regresar al país en 1994 para completar su mandato. Al año siguiente, el Gobierno disolvió las Fuerzas Armadas y fundó la Policía Nacional Haitiana (PNH). El objetivo era crear una organización totalmente nueva, asentada sobre la base de valores democráticos. Pero la realidad de las reformas institucionales es que los elementos de continuidad suelen primar por sobre los de ruptura. Muchos antiguos militares se reciclaron como policías y, aunque algunas prácticas del pasado fueron abandonadas, muchas otras otras sobrevivieron.
La falta de presupuesto y la corrupción generalizada se mantienen hasta hoy como problemas recurrentes. En 2004, tras meses de una tensión creciente, un nuevo golpe de Estado, perpetrado esta vez por paramilitares, desplazó a Aristide, que había regresado al poder en 2001. La Policía no hizo mucho por impedirlo.
Boniface Alexandre, que era presidente de la Corte Suprema, asumió la presidencia de forma interina, y pidió ayuda a la ONU para pacificar al país. Poco después arribó la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), que permaneció en el territorio hasta 2017. Los cascos azules enviados por distintos países de América Latina y de otras regiones ayudaron en parte a la Policía en el intento de mantener cierto orden social. Pero, al mismo tiempo, conspiraron contra su consolidación. La presencia de la MINUSTAH se convirtió en la principal excusa para no financiar ni fortalecer a la Policía.
El terremoto de 2010, que mató a más de 300.000 personas, dejó sin hogar a más de un millón y destruyó buena parte de Puerto Príncipe, agravó la fragilidad económica e institucional de Haití. Los comicios presidenciales que debían realizarse a comienzos de año fueron pospuestos varios meses, hasta que la primera vuelta se realizó el 28 de noviembre, con una participación de apenas el 22% de las personas habilitadas a votar. Michel Martelly se impuso en el ballotage a Mirlande Manigat, pero los resultados fueron muy discutidos.
La historia se replicó en octubre de 2015. Jovenel Moïse, el candidato oficialista, fue el más votado en la primera vuelta, con una ventaja de 32% a 25% ante Jude Célestin. Los resultados fueron impugnados y desataron masivas protestas que impidieron la realización del ballotage. Los comicios se repitieron el 20 de noviembre de 2016, con una diferencia mucho más clara: Moïse obtuvo 55% frente a 19% de Célestin. Pero participó apenas el 21% del padrón y nuevamente hubo denuncias de fraude.
Boniface Alexandre, que era presidente de la Corte Suprema, asumió la presidencia de forma interina, y pidió ayuda a la ONU para pacificar al país. Poco después arribó la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), que permaneció en el territorio hasta 2017. Los cascos azules enviados por distintos países de América Latina y de otras regiones ayudaron en parte a la Policía en el intento de mantener cierto orden social. Pero, al mismo tiempo, conspiraron contra su consolidación. La presencia de la MINUSTAH se convirtió en la principal excusa para no financiar ni fortalecer a la Policía.
El terremoto de 2010, que mató a más de 300.000 personas, dejó sin hogar a más de un millón y destruyó buena parte de Puerto Príncipe, agravó la fragilidad económica e institucional de Haití. Los comicios presidenciales que debían realizarse a comienzos de año fueron pospuestos varios meses, hasta que la primera vuelta se realizó el 28 de noviembre, con una participación de apenas el 22% de las personas habilitadas a votar. Michel Martelly se impuso en el ballotage a Mirlande Manigat, pero los resultados fueron muy discutidos.
La historia se replicó en octubre de 2015. Jovenel Moïse, el candidato oficialista, fue el más votado en la primera vuelta, con una ventaja de 32% a 25% ante Jude Célestin. Los resultados fueron impugnados y desataron masivas protestas que impidieron la realización del ballotage. Los comicios se repitieron el 20 de noviembre de 2016, con una diferencia mucho más clara: Moïse obtuvo 55% frente a 19% de Célestin. Pero participó apenas el 21% del padrón y nuevamente hubo denuncias de fraude.
Moïse asumió en febrero de 2017 con una legitimidad mellada. Consciente de eso, restableció al Ejército, evidenciando su decisión de apelar a la fuerza para sostenerse en el mando en caso de que fuera necesario. Rápidamente tuvo que enfrentar un escándalo: la denuncia de la malversación de millones de dólares de un fondo creado con recursos de Petrocaribe, el programa impulsado por Hugo Chávez para la venta de petróleo barato a países del Caribe a cambio de lealtad. El caso paralizó al país durante varios meses entre fines de 2018 y comienzos de 2019. El Gobierno apeló una vez más a la Policía, que reprimió sin contemplaciones y mató a decenas de personas.
“El ‘orden democrático’ de Haití ha estado bajo gran tensión desde hace años. Las masivas protestas populares que pedían la dimisión de Moïse por corrupción masiva y documentada no sólo no consiguieron ese resultado, sino que lo motivaron a dejar que el Parlamento llegara al final de su mandato sin convocar a elecciones, lo que le permite gobernar por decreto desde entonces. Moïse y su séquito son acusados por organizaciones creíbles de derechos humanos de utilizar partes de la PNH para proteger a las bandas criminales con las que su gobierno está aliado, con el fin de controlar los barrios críticos de Puerto Príncipe”, dijo a Infobae Stephen Baranyi, profesor de la Escuela de Desarrollo Internacional y Estudios Globales de la Universidad de Ottawa, especializado en Haití.
Manifestantes con uniformes de policía levantan sus brazos mientras se enfrentan a un oficial de la Policía Nacional Haitiana (PNH) de turno que sostiene un rifle durante una protesta organizada por el grupo radical “Fantom 509” en las calles de Puerto Príncipe, Haití, el 14 de septiembre de 2020. (REUTERS/Andrés Martínez Casares)
El alzamiento azul
“Hay dos causas principales de la protesta de la PNH –dijo Concannon–. La primera es que le pagan mal. La mayoría de los oficiales ganan unos 200 dólares al mes, y carecen del equipo mínimo necesario para hacer su trabajo. La segunda es que se enfrentan a una intensa interferencia política en su trabajo. El gobierno de Moïse trata de controlarlos porque quiere usarlos para atacar a opositores. Determina los ascensos en función de la lealtad política más que del rendimiento laboral, encarcela a los líderes sindicales de la fuerza y está apoyando a pandillas dirigidas por algunos policías”.
Las manifestaciones policiales comenzaron este año en febrero para pedir mejores sueldos y que les permitieran tener representación gremial. El Gobierno no concedió mejoras significativas, pero habilitó la formación del Sindicato de la Policía Nacional Haitiana (SPNH-17), lo que apaciguó el malestar por un tiempo.
Pero la fuerza está totalmente quebrada. Los agentes de menor rango sienten que sus superiores no los defienden en un contexto en el que, más allá de los reclamos salariales, muchos uniformados son asesinados por criminales. Los manifestantes apuntan sobre todo contra Normil Rameau, director de la PNH.
“Las protestas sólo pueden entenderse en el contexto de las movilizaciones mucho más amplias que se han producido desde julio de 2018, contra el deterioro de las condiciones económicas y sociales, así como contra la mala gestión del gobierno. Las primeras surgieron en octubre de 2019 y se centraron en la mejora de los salarios, las prestaciones sociales, la seguridad y el derecho a sindicalizarse. En febrero de 2020 se intensificaron con la destrucción de bienes públicos y enfrentamientos violentos con las Fuerzas Armadas. El director General de la PNH aceptó negociar con el SPNH-17, emitió pagos atrasados a un gran número de agentes y prometió atender demandas de larga data. Sin embargo, está teniendo dificultades para mantener su parte en esos acuerdos, debido a las limitaciones presupuestarias”, contó Baranyi.
La tensión volvió a crecer en mayo, tras el arresto del policía antinarcóticos Jean-Pascal Alexandre en circunstancias poco claras. La Fiscalía lo acusa de homicidio, incendio y destrucción de propiedad pública, pero el SPNH-17 sostiene que es inocente y pide que lo liberen.
A ese caso se sumó el asesinato de Monferrier Dorval, presidente del Colegio de Abogados de Haití, el 28 de agosto. Los cinco policías asignados a su custodia habían desaparecido poco antes de que desconocidos lo mataran en su casa. Por esa razón, fueron arrestados, lo cual inflamó aún más a los uniformados, que además de pedir aumentos de sueldo, empezaron a exigir su liberación.
Finalmente los dejaron en libertad, pero no sirvió de mucho, porque Jean-Pascal Alexandre sigue detenido. El sábado, el lunes y el miércoles la capital del país fue un caos. Policías encapuchados y armados, algunos disparando al aire, otros prendiendo fuego autos, amedrentaron a una población que vive con miedo por el accionar de bandas delictivas que son cada vez más violentas.
“El uso de esas tácticas forma parte de una escalada de violencia política y criminal en los últimos años, por parte del Estado, de los partidos políticos y de la sociedad civil –continuó Baranyi–. Es difícil separar el uso de la fuerza por parte de los miembros del SPNH-17 que protestan contra el deterioro de las condiciones de trabajo, frente a las tácticas violentas empleadas por una organización que se autodenomina Fantom 509, que parece estar dirigida por miembros de ciertas unidades especiales de la PNH que han sido acusados de excederse contra los manifestantes, de coludirse con bandas criminales y de no proteger a destacados líderes de la sociedad civil, incluido Dorval. Todo esto sugiere que la PNH no puede aislarse de los grandes conflictos sociopolíticos ni de la dinámica criminal que atraviesa al Estado y a la sociedad haitiana”.
Proclive a la acción directa, Fantom 509 dice que pelea por lo mismo que sus colegas más moderados, pero no está claro hasta dónde quiere llegar. Uno de sus miembros se sinceró días atrás. “Si no liberan a Pascal, todo el país arderá”, dijo a un periodista de Voice of America.
“El SPNH-17 se ha hecho eco de las acusaciones por violaciones a los derechos humanos contra Moïse. Sin embargo, el sindicato, y especialmente Fantom 509, también han pedido la reincorporación del personal de las fuerzas especiales de la PNH acusado por organismos de derechos humanos de utilizar violencia excesiva, destruir propiedad pública y coludirse en el asesinato de miembros prominentes de la sociedad civil. Por sí solo, el SPNH-17 no representa una amenaza importante para la política democrática. Pero sus complejas conexiones con acciones más violentas de otros miembros de la PNH reflejan y alimentan la degeneración del Estado y de la vida política, económica y social”, advirtió Baranyi.
Fuente: Infobae
