Entre críticas y muestras de preocupación fue recibida la más reciente actualización del informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH., Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Hay quienes ven en el reporte un “jaque mate” al gobierno en disputa, otros consideran que la expresidenta chilena está apenas “agrediendo el derecho de los venezolanos”.
En Caracas, Humberto Prado, designado por el gobierno interino del país como comisionado de derechos humanos y de atención a las víctimas, aseguró que esta actualización se trata de un “jaque mate” para el gobierno en disputa en materia de derechos humanos.
Prado indicó que lo presentado en la ONU es una ratificación anteriormente expuestas de las violaciones cometidas en Venezuela.
Entre las denuncias presentadas por Bachelet están las muertes de jóvenes en operativos de seguridad, los ataques contra defensores de derechos humanos, la estigmatización de los venezolanos que han retornado y los cambios implantados en o desde el Poder Electoral de cara a las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG Provea,aseguró que la actualización es una ratificaciónde “que la magnitud de derechos humanos en Venezuela necesita que todos los mecanismo internacionales de protección continúen activados”.
Por su parte, Jorge Rodríguez, exministro de Comunicación y candidato a las elecciones parlamentarias de diciembre, se refirió a las críticas de Bachelet al sistema electoral venezolanoy aseguró que la expresidenta de Chile estaba “haciendo el recado y agrediendo el derecho de los venezolanos a una elección libre y sin injerencias”.
“¿Tiene alguna utilidad que denuncie la intromisión de las ‘manos peludas’ que pululan en su oficina?”, cuestionó Rodríguez y la invitó a reconocer las “fortalezas” del sistema electoral.
Desde el seno del Consejo de Derechos Humanos en la ONU también hubo reacciones.
El representante de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, rechazó las “disposiciones contra países soberanos” que aseguró son diseñadas para “maximizar artificialmente los desafíos que cualquier país del mundo enfrenta en el ámbito de los DD.HH.”.
Indicó que tomaron nota de las preocupaciones de la alta comisionada y darán respuesta en su “debida oportunidad”.
Por su parte, Colombia hizo un llamado a la liberación de todos los presos políticos en el país y pidió a las autoridades venezolanas seguir las recomendaciones de la oficina de la alta comisionada.
En el caso del representante de Paraguay, resaltó las coincidencias en los reportes de la alta comisionada Bachelet y los hallazgos de la Misión Independiente de Verificación de Hechos, presentado la semana pasada. Además, expresó su apoyo a los venezolanos en su búsqueda por lograr “una restauración pacífica hacia la democracia y el Estado de derecho”.
A pesar de las colaboración entre el gobierno en disputa y la oficina de Bachelet, la representante de Perú aseguró que la presencia de la Oficina del Alto Comisionado en el país no es suficiente “para la dimensión de la crisis”.
España también manifestó su preocupación por la situación de los derechos humanos en el país e hizo un llamado a las partes a buscar una “solución negociada” a la crisis que atraviesa Venezuela.
Otras delegaciones como la cubana, sin embargo, cuestionaron que los derechos humanos sean usados como “armas políticas” e hicieron una llamado a la “cooperación”.
Se espera pronto una votación sobre la continuidad o no de los mandatos desde las Naciones Unidas que dieron pie al informe de la alta comisionada y sus actualizaciones y el de la Misión Independiente de Verificación de Hechos.
Fuente: VOA
