El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, instó este miércoles al gobierno argentino a explicitar si hace suyas las palabras del embajador de la administración ante la OEA, Carlos Raimundi, quien relativizó el reciente informe de la ONU que da cuenta de la represión ilegal en el país caribeño y denuncia múltiples y graves violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro.
“Yo quisiera saber si la representación de su embajador en la OEA es la representación del Ejecutivo en Argentina. Si la relativización del dolor, del sufrimiento humano en Venezuela representa al Ejecutivo en Argentina”, expresó Guaidó en una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann transmitida por el medio A24.
Y agregó: “No podemos voltear la cara mientras hay un genocidio silencioso en Venezuela. No podemos relativizar el dolor. No hay neutralidad en materia de derechos humanos, en materia de la dignidad y los derechos fundamentales”.
En su locución durante la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, Raimundi aseguró que “Venezuela ha sufrido un fuerte asedio de intervencionismo” por lo que “hay una apreciación sesgada de lo que son las violaciones a los derechos humanos en determinados países”.
También dijo que la Argentina “no hace una lectura ideológica de los derechos humanos” y que el país se “centra en la persona que sufre”. “No son los derechos humanos para mi país un instrumento para tomar una posición ideológica”, expresó.
Las declaraciones de Raimundi marcaron un fuerte contraste con aquellas realizadas por otros países de la región que han sido enfáticos a la hora de reconocer el documento presentado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y condenar al régimen de Maduro. Entre ellos se cuentan Uruguay, Brasil, Ecuador y Colombia.
La administración de Luis Lacalle Pou, por ejemplo, expresó su “rechazo a las flagrantes violaciones a los derechos humanos” y “condenó con firmeza la dictadura de Maduro”. “Resultan inadmisibles las desapariciones y detenciones arbitrarias”, indica un párrafo del pronunciamiento, recogido por la cancillería del gobierno encargado.
Colombia, país que pidió la celebración de la reunión extraordinaria, destacó que la FFM (Fact Finding Mission, misión para determinación de los hechos, en inglés) ha dejado en claro que Maduro tiene responsabilidad directa en estos crímenes de Lesa Humanidad”.
“Nos preguntamos si existen las condiciones mínimas para unas elecciones, la respuesta evidente es no”, agregó, en referencia a los comicios legislativos convocados por el régimen para el próximo 6 de diciembre y que han cosechado el rechazo de la oposición venezolana y la comunidad internacional.
Julio Borges en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA por las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela (Bloomberg)
En su exposición, el opositor venezolano Julio Borges, afirmó que el informe de la misión de la ONU permite que quede claro que las violaciones de derechos humanos son un patrón en Venezuela: “Las Faes ha matado, desde su creación, ha más de siete mil personas. Solamente en este año han asesinado a más de 2.000 venezolanos, tienen licencia para matar, el famoso código 80”.
Además, indicó que Venezuela busca un camino hacia la justicia: “Queremos que los países nos ayuden a renovar los mandatos y a abrir procesos judiciales para que lucha no sea solo un tema de la CPI, sino que nuestra justicia pueda empezar a investigar a quienes han cometido estos crímenes”.
También el embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, se pronunció sobre los crímenes de lesa humanidad en el país: “Después de estas exposiciones no cabe duda de que el control brutal del régimen ilegítimo de Maduro ha dado lugar a violaciones masivas de DDHH. (…) También ha cometido fraude electoral para socavar las instituciones democráticas”.
Durante la tarde de este miércoles, la Unión Europea advirtió al régimen que no reconocerá como legítimos los comicios parlamentarios -a los cuáles fue invitada a observar- si estos no son pospuestos. El gobierno encargado de Guaidó ha manifestado desde un principio su negativa a participar de los comicios por considerarlos fraudulentos.
“A fraudes no nos vamos a prestar. Los que dudaron han dicho incluso que si no viene la UE no participan. La UE lo dejó claro: no van a participar del fraude”, afirmó Guaidó, quien ha señalado que no buscan un aplazamiento de los comicios, sino que haya condiciones transparentes.
El último informe de la ONU señala a lo largo de 21 páginas Nicolás Maduro y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López; y del Interior, Néstor Reverol, como figuras determinantes en los graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.
Las FAES, uno de los brazos armados de la dictadura de Maduro, protagonista de numerosas violaciones de derechos humanos
El informe ofrece amplia información “que demuestra que las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.
La Misión de la ONU constató numerosos actos de tortura y otros malos tratos. En un lista, identifica las nueve técnicas de las fuerzas chavistas para lastimar y humillar a los presos políticos: fuertes golpizas; asfixia con sustancias tóxicas y agua; posiciones de estrés; reclusión prolongada en régimen de aislamiento en condiciones duras; violencia sexual y de género, incluida la desnudez forzada y violación; cortes y mutilaciones; descargas eléctricas; uso de drogas para inducir a la confesión; y tortura psicológica.
La pesquisa también detalló 33 casos (21 hombres y 12 mujeres) en los que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) arrestó, detuvo y torturó o maltrató arbitrariamente a personas por motivos políticos. La mayoría de las detenciones se produjeron tras un período de vigilancia e investigación.
Además, detallan que las torturas se cometieron generalmente durante los interrogatorios para extraer confesiones o información, incluidas las contraseñas de teléfonos y de redes sociales, o para coaccionar a las personas detenidas para que se incriminaran a sí mismos o a otros, especialmente a dirigentes de alto perfil de la oposición, en la comisión de delitos.
