El gobierno boliviano advirtió contra brotes de violencia en el marco de las elecciones del próximo 18 de octubre, como ocurrió tras los comicios de 2019 con un saldo de 35 muertos, y aseguró que militares y policías están en “alerta permanente”.
“Nosotros no vamos a permitir que la democracia entre en juego, la democracia se la va a respetar, al precio que tenga que ser, no vamos a permitir de tener a nuestro pueblo en vilo nuevamente”, afirmó el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo.
El jerarca aludió a declaraciones de la semana pasada de Andrónico Rodrígez, dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda), quien dijo que “si provocan alguna irregularidad, levantamos el ‘cuarto intermedio’, el pueblo boliviano en las calles recuperará el poder”.
En tanto, el viceministro de Interior, Javier Issa, dijo que “la Policía y el Ejército están prestos y en emergencia. Vamos a estar en alerta permanente hasta que se haga el traspaso de mando al nuevo gobierno”.
Dio cuenta además de reuniones entre los ministerios de Defensa y Gobierno “para coordinar, en caso de que se activen movimientos sediciosos, o activen las convulsiones sociales en el país”.
Las protestas de sindicatos campesinos e indígenas están en pausa desde agosto, cuando exigieron mantener la fecha de elecciones, que no obstante fueron aplazadas hasta el 18 de octubre debido a la pandemia de covid-19.
Luis Arce, candidato del MAS y delfín del expresidente Evo Morales (2006-2019), también echó sombras sobre el proceso electoral hace dos semanas, cuando señaló que “nosotros no tenemos la seguridad de que se hagan unas elecciones transparentes con este TSE” (Tribunal Supremo Electoral).
Aseguró que encabeza la intención de voto en todas las encuestas y que, por lo tanto, “no vemos la posibilidad de que nos ganen, excepto con un fraude”.
En efecto, las encuestas ubican a Arce a la vanguardia con 29,2%, seguido por el exmandatario de centro Carlos Mesa (19%) y el líder regional de derecha Luis Fernando Camacho (10,4%).
Tras las elecciones de octubre del año pasado se desataron violentas protestas en todo el país, con la quema de oficinas electorales, cortes de rutas y huelgas, ante denuncias de fraude contra Morales, que ostentaba el poder desde 2006 y aspiraba a gobernar hasta 2025.
Morales dimitió ante la presión de las protestas y la falta de apoyo militar y policial. Entonces asumió la presidencia internina Jeanine Áñez, que fungía como segunda vicepresidenta del Senado, pues también habían renunciado el entonces vicepresidente Álvaro García Linera, así como los titulares del Senado y la Cámara baja.
Pero la violencia social continuó con sectores indígenas y campesinos que defendían al renunciante mandatario, que primero se refugió en México, y luego se exilió en Argentina.
Durante los casi dos meses de conflictos se registraron 35 muertos, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
