Brasilia, EFE.- El pleno de la máxima corte de Justicia de Brasil, por nueve votos a favor y uno en contra, ratificó este jueves la orden de arresto expedida por el presidente del Supremo contra el jefe de una organización criminal que aprovechó la liberación provisional que le concedió otro de los magistrados para fugarse.
Tras una polémica sesión que se prolongó por dos días, el pleno del Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmó la orden de arresto expedida la semana pasada por el presidente de esa Corte, Luiz Fux, contra el narcotraficante André Oliveira Macedo, conocido como “André do Rap” y que es señalado como uno de los jefes del Primer Comando de la Capital (PCC), mayor organización criminal de Brasil.
La liberación de Macedo, condenado por homicidio y narcotráfico, había sido concedida pocos días antes por el magistrado Marco Aurelio Mello, otro de los miembros de la Corte Suprema, con base en una ley aprobada el año pasado por el Congreso y que creó una brecha jurídica que le abre las puertas de las cárceles a condenados cuyas órdenes de detención preventiva no sean renovadas periódicamente.
El único de los magistrados que votó en contra de la decisión en la sesión de este jueves fue el propio Mello, quien alegó que se limitó a cumplir lo que determina la nueva ley y que corresponde al Congreso modificar la legislación para impedir que este tipo de casos se repita.
El magistrado justificó la decisión en el hecho de que André do Rap estaba en prisión preventiva desde septiembre de 2019 y explicó que la ley aprobada el año pasado por el Congreso obliga a los jueces a revisar esa situación cada 90 días, lo que nunca fue hecho.
La orden de liberación fue revocada en cuestión de horas por el presidente del Supremo, quien atendió una demanda de la Fiscalía General y alegó que la excarcelación “compromete el orden y la seguridad pública por tratarse de un delincuente de altísima peligrosidad”.
Pero el capo ya había abandonado la prisión cuando fue expedida la nueva orden de detención y no ha sido localizado hasta ahora por la Policía, que lo declaró prófugo de la Justicia y admitió que pudo haber huido a Paraguay o a Bolivia.
Brasil incluso ya solicitó ayuda a la Interpol para localizar al cabecilla del Primer Comando de la Capital, una poderosa banda mafiosa nacida en el interior de las prisiones y que, además de controlar la mayoría de las cárceles del país, también actúa en los dos países vecinos.
LIBERACIÓN GENERÓ UNA TRIPLE POLÉMICA
Además del escándalo generado por la liberación de uno de los considerados como presos más peligrosos del país y de la revelación de la brecha judicial creada por el Congreso y cuyo alcance se desconocía hasta ahora, el caso generó una intensa polémica debido a que el magistrado que ordenó la liberación acusó de “autoritario” al que expidió la nueva orden de arresto.
Además de ratificar la decisión del presidente de la máxima corte, la mayoría de los miembros del Supremo también se pronunció por la necesidad de restringir el alcance de la ley que determina que los mandatos de detención preventiva sean revisados cada 90 días.
Siete de los diez magistrados afirmaron que el incumplimiento de esa ley no puede provocar automáticamente la liberación del preso y que es necesario que la orden de excarcelamiento en este tipo de casos tenga en cuenta todas las circunstancias.
Pero pese a apoyar la decisión de Fux, la mayoría de los magistrados dejó clara su preocupación con la determinación del presidente de la Corte Suprema de revocar una decisión de uno de sus colegas sin consultarlo ni llevar el caso al plenario.
El magistrado Ricardo Lewandowski justificó la decisión del presidente del Supremo por tratarse de un caso “excepcional” pero alertó que ni la ley ni el reglamento interno de la Corte permiten tal comportamiento.
Lewandowski advirtió sobre el peligro de que algún magistrado asuma poderes especiales y decida actuar por “idiosincrasias personales o por motivos políticos” sin respetar a los demás miembros de la Corte.
“No se puede admitir que el presidente o el vicepresidente del Supremo se transformen en órganos revisores de decisiones judiciales proferidas por sus pares y se conviertan en supermagistrados”, alertó.
En su defensa, el presidente de la Corte alegó que su intención no fue asumir poderes especiales sino “preservar la imagen del Supremo Tribunal Federal” ante las múltiples críticas que ha recibido por liberar a un peligroso narcotraficante.
Fux agregó que para ordenar la detención tuvo en cuenta la petición de la propia Fiscalía y el “grave riesgo para la seguridad pública” generado por la liberación de una persona condenada dos veces en segunda instancia a casi 25 años de prisión y que estuvo forajido por casi cinco años antes de que la Policía lo capturara.
Afirmó que el preso beneficiado “se valió de la decisión impugnada para fugarse de inmediato y se burló de la Justicia, que había gastado millones para ponerlo tras las rejas y ahora gastará millones para capturarlo otra vez”.
