El Gobierno levanta el toque de queda dos días después de imponerlo. Así lo recoge la petición de prórroga enviada desde el Consejo de Ministros al Congreso de los Diputados. Aún durará la restricción 13 días más, hasta el 9 de noviembre, pero luego dejará de ser obligatoria y quedará al albur de las decisiones políticas de 19 gobiernos distintos, los de las Comunidades y Ciudades Autónomas.
Es decir, que Pedro Sánchez no se baja de su empeño de contar con la excepcionalidad constitucional por seis meses y medio, hasta el 9 de mayo, a pesar de las reticencias del PP, porque se da por hecho “que tenemos los apoyos suficientes en el Congreso”. Pero se deja de considerar imprescindible que las restricciones de la movilidad nocturna se mantengan vigentes. Las deja en manos de cada presidente de Comunidad Autónoma.
Además, no será el presidente quien defienda en el Congreso la petición de prórroga de seis meses, delegará en el ministro de Sanidad, Salvador Illa, porque no se afectan derechos fundamentales y “porque tiene una videoconferencia con los líderes europeos para coordinar políticas contra el virus, sobre todo en el campo del turismo”, explicó la ministra portavoz, María Jesús Montero.
El Gobierno modifica “los artículos 9 y 10 del decreto original sobre limitaciones de circulación”, que se dictó hace sólo 48 horas en un Consejo extraordinario convocados de urgencia el día antes. Es decir, que será un decreto vacío sin restricciones -“un caparazón”, lo llamó Montero-, pero con la puerta abierta a cualquier limitación de movilidad para que la decidan los gobiernos autonómicos.
“A partir de ahora, quedará a criterio de cada autoridad competente delegada, es decir, cada presidente autonómico, cuáles son las restricciones de movilidad que hay que imponer”, dijo.
Fuentes de Moncloa matizaron a este periódico que “no se levanta ‘ahora'” el toque de queda y que en el briefing informativo del pasado domingo “ya se dijo que sería así”. Aclaran estas fuentes que “para buscar la mejor eficacia de las limitaciones, se adaptan según vayan evolucionando los distintos indicadores en cada uno de los territorios” ya que “son las comunidades la autoridad delegada competente”.
En todo caso, las palabras exactas de la ministra portavoz fueron las siguientes: “Se suprime la vigencia actual para todo el país de las restricciones de movilidad entre las 23.00 horas y las 6.00 de la mañana”. Según especificó Montero, “a partir del momento de la aplicación de esta extensión del decreto de alarma, quedará a juicio de cada autoridad competente delegada, en función de los criterios epidemiológicos, cuáles son las limitaciones de movilidad que se tienen que establecer en cada comunidad”.
En resumen, que la restricción de movimientos nocturnos impuestos hace dos días en toda España -menos Canarias- se flexibiliza hasta el extremo de que cualquier presidente autonómico puede levantarla. Durante estos primeros 15 días de alarma, la flexibilidad se limita a la posibilidad de adelantar o retrasar una hora el inicio y el final del toque de queda.
Voluntario
Del mismo modo que el documento aprobado el pasado jueves en el Consejo Interterritorial, con indicadores comunes y cuatro niveles de alarma compartidos se quedaba en una guía voluntaria de actuación, la medida más “contundente” decretada por el Gobierno y que justificó la urgencia del Consejo de Ministros del domingo se convierte en discrecional.
“Lo que pretende el Gobierno es dar un amparo constitucional a las medidas que van a ir aplicando las CCAA de manera progresiva”, ha justificado Montero, dejando toda la responsabilidad en mano de los 17 gobiernos regionales y los de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y todo a pesar de que ella misma admitía que “las medidas en esta segunda ola han de ser contundentes, porque se aprecia un aumento notable de los casos y no se logra doblegar la curva”.
Así, ni defenderá la prórroga ni comparecería ante el Congreso -como ya anticipó él mismo el pasado domingo- para dar cuentas de la efectividad del estado de alarma. “Deberán ser los presidentes autonómicos los que comparezcan en sus parlamentos regionales”, planteó Montero, “ya que si ellos o ellas no imponen restricciones a los derechos fundamentales, el estado de alarma no tiene efecto alguno”.
El Gobierno, de este modo, “apela al conjunto de la ciudadanía para cumplir las recomendaciones sanitarias, las del Ministerio o de las CCAA, porque es imprescindible que la tarea de todos aporte a la seguridad general”, ha dicho Montero.
Así, tras instar a los Ejecutivos regionales a que decidan cómo limitar la movilidad de sus ciudadanos a su criterio “según los datos científico técnicos y de la salud de los ciudadanos”, el Ejecutivo precisó que “lo más importante en la lucha contra esta pandemia es disminuir los contactos efectivos entre las personas”.
La ministra portavoz dijo que el Gobierno comprende “que esta situación prolongada provoca cansancio, pero es imprescindible para preservar la integridad de nuestro sistema sanitario”. Y sobre todo es clave para “proteger a las personas más vulnerables” para que en las próximas semanas “dobleguemos definitivamente la curva, hasta que tengamos una vacuna o un tratamiento”.
