La Justicia venezolana acusó este jueves al periodista Roland Carreño, miembro del equipo del opositor Leopoldo López, de haber financiado la “fuga” del líder político hacia España, razón por la que imputaron tres delitos al comunicador y lo mantendrán detenido en Caracas.
Un tribunal caraqueño decretó “la privación judicial preventiva de libertad” de Carreño, quien fue detenido el lunes cuando se encontraba con otras dos personas que también fueron arrestadas y posteriormente puestas en libertad.
La Fiscalía y el tribunal del caso coinciden al apuntar que el periodista fue detenido “en flagrancia”, pues en el momento del arresto “se le incautó un fusil desarmado modelo AM-15 calibre 5.56 con 17 municiones”, dice una nota de prensa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Una vez culminada la audiencia de presentación, que empezó la noche del miércoles y terminó este jueves en la madrugada, el tribunal admitió la presunta comisión de los delitos de “financiamiento al terrorismo”, “conspiración contra la forma política” y “tráfico ilícito de armas de guerra” por parte de Carreño.
Además, en la nota del TSJ aseguran que el comunicador trabaja “como operador financiero con el objeto de que se ejecuten planes conspirativos y terroristas en contra del Ejecutivo” o que “intentan desestabilizar el orden interno y suspender las elecciones parlamentarias” previstas para el 6 de diciembre.
Carreño “coordinó el financiamiento de la logística empleada en el plan de fuga del ciudadano Leopoldo López desde la embajada de España en Venezuela, permitiendo de esta manera que dicho ciudadano evada la justicia venezolana”, agrega el escrito.
El sábado se conoció que López abandonó la residencia del embajador español en Caracas, donde permaneció 18 meses en calidad de huésped mientras era reclamado por la Justicia y acusado de terrorista por el Gobierno de Nicolás Maduro.
Carreño trabaja como coordinador operativo de Voluntad Popular (VP), el partido fundado y dirigido por López, del que forman parte decenas de dirigentes que han sido acusados por el Gobierno y la Justicia de varios delitos.
Fuente: EFE
