La Fiscalía del Distrito Nacional confirmó el arresto del ex pelotero de Grandes Ligas, Miguel Batista, para quien pedirá prisión preventiva por amenazar de muerte a su ex pareja y someterla a maltrato psicológico.
Un informe presentado por la Unidad de Prevención y Persecución de Violencia de Género y Delitos Sexuales, la expareja de Batista denunció que el ex lanzador le hizo llegar mensajes con expresiones violentas, cuando se preparaba para retirar sus pertenencias de la casa luego de la separación.
Además, una persona cercana a la víctima lo escuchó manifestarse con ira mientras expresaba la frase “la voy a matar”.
Dada la gravedad de la amenaza y con el objetivo de preservar la integridad física y emocional de la denunciante, el Ministerio Público solicita prisión preventiva.
La mujer y la figura del deporte sostuvieron una relación de cuatro años y llevan nueve meses de separación, según destaca el expediente que solicita el conocimiento de la medida de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.
Un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses certificó en mayo que la expareja de Batista Mota padece nerviosismo, tensión, dificultad para dormir y dolores de cabeza a consecuencia de las amenazas, acoso a través de terceros, así como de otras complicaciones que arrastra desde el período en que estuvieron juntos. Luego, en el 10 de noviembre el organismo emitió un informe que indica que la mujer presenta “síntomas severos del cuadro ansioso-depresivo”, con irritabilidad, pérdida del sueño, dolores de cabeza y otros síntomas.
En junio pasado, la denunciante presentó una querella con constitución en actor civil y ha aportado las pruebas que el Ministerio Público ha presentado para la detención del imputado.
El órgano de la acusación sostiene que la prisión preventiva es la medida idónea para este caso, debido a las amenazas de Batista, quien no ofrece garantías de que no pretenderá sustraerse del proceso y ha sido sometido a la justicia con anterioridad.
El Ministerio Público le ha otorgado a los hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 309-1, 309-2, 309 literal E, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24/97.
