(EFE).- La pandemia de coronavirus puede agudizar los “graves” problemas ambientales que El Salvador ya tiene, si el Gobierno no da prioridad a una gestión sustentable de los bienes frente al impacto de la covid-19, señaló este martes un grupo de ambientalistas.
Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), explicó durante una conferencia de prensa que “la crisis ambiental en el país se ve y se verá exacerbada por la pandemia y el impacto del cambio climático”.
Señaló que la obligación de quedarse en casa para la gran mayoría de la población disminuyó, sustancialmente, por algunos días la contaminación en el ambiente.
Sin embargo, de forma “rápida y sin un plan escalado” se volvió a la “normalidad”, lo que significó que “otra vez se contaminan los espacios aéreos, acuáticos y terrestres, a los mismos niveles de antes o peor”.
Indicó que, por ejemplo, “el uso generalizado de mascarillas (tapabocas) y guantes generará una gran contaminación a grados intolerables por la cantidad de desechados”.
Por lo anterior, la ambientalista Carolina Amaya señaló en la misma conferencia de prensa que es “urgente que este Gobierno priorice la gestión sustentable de los bienes naturales frente a una crisis que ya existe” y que “va a seguir pasando la factura en El Salvador si no se toman decisiones urgentes y necesarias en materia ambiental”.
OTRAS PROBLEMÁTICAS
Amaya indicó que el impacto de las lluvias provocadas por los huracanes Cristóbal, Amanda y de manera indirecta por Eta e Iota también agravará la situación ambiental en el país.
Señaló que, hasta el momento, el Gobierno “no ha brindado un informe, por ejemplo en el área de la agricultura en el que se de a conocer a la población los daños ocasionados por estos fenómenos a los cultivos y que se plantea como alternativa”.
La ambientalista aseguró que la UNES ha documentado recientemente “pérdidas totales en diferentes cultivos”, lo que puede derivar “en crisis de hambre e inseguridad alimentaria”.
“La UNES quiere acotar la urgente necesidad de abordar una gestión ambiental desde estos contextos y está realidad, que cada vez nos afectará más, si no superamos las brechas de vulnerabilidad existentes”, subrayó.
DAÑO AMBIENTAL POR CONSTRUCCIONES URBANÍSTICAS Y DE REPRESAS
Por otra parte, González señaló que la facilitación de permisos para proyectos urbanísticos y de represas en el país también están causando un grave deterioro en el ambiente, esto a pesar de las advertencias de organizaciones como la UNES y de las personas que viven en las comunidades cercanas a estos proyectos.
“Vemos una lentitud gubernamental en apoyar e impulsar políticas públicas encaminadas a proteger los bienes ambientales, pero en contraposición con esto vemos una agilización de permisos para proyectos que dañan áreas naturales protegidas, los ecosistemas y la vida silvestre”, apuntó.
Señaló que, por ejemplo, en la zona norte de San Salvador se busca construir un complejo urbanístico que “afectaría el acceso al agua para las comunidades del Área Metropolitana de San Salvador”.
“No se debe de seguir con la política de otorgar permisos a los grandes proyectos que tanto daño hacen al ambiente y a la población”, agregó.
Los expertos prevén que el 80 % de país experimente estrés hídrico en 2022 por la reducción de las lluvias como efecto de la crisis climática.
Un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), dado a conocer en 2016, concluye que la vida en El Salvador sería inviable en 80 años a causa de la crisis hídrica que se ve agudizada por la crisis climática.
