El gobierno estadounidense anunció este miércoles sanciones contra los dos funcionarios clave en la condena del régimen de Nicolás Maduro a los seis ex ejecutivos de Citgo presos en Venezuela. El sexteto había sido sentenciado el mes pasado a entre ocho y 13 años de prisión por un tribunal controlado por la dictadura venezolana, y acusados de brumosos cargos de corrupción.
“Estados Unidos designa a la jueza y al fiscal venezolanos que presidieron y procesaron el juicio y la sentencia de noviembre de 2020 de las seis personas estadounidenses conocidas como los 6 de Citgo. Estos estadounidenses han sido injustamente encarcelados en Venezuela desde noviembre de 2017 después de haber sido atraídos a Caracas bajo falsos pretextos”, sostuvo el secretario de Estado Mike Pompeo en un comunicado difundido horas atrás.
“Lorena Carolina Cornielles Ruiz (Cornielles) presidió el juicio de los Citgo 6 mientras que Ramón Antonio Torres Espinoza (Torres) fue el fiscal que representó al ilegítimo régimen de Maduro. Como tal, estos dos oficiales jugaron papeles críticos en los juicios canguro de cada uno de los ejecutivos de Citgo. Estos procedimientos se vieron empañados por la falta de garantías de un juicio justo y estuvieron basados en acusaciones motivadas políticamente, y se les negó el acceso a los medios de comunicación y a los grupos de derechos humanos”, agregó Pompeo.
El Departamento del Tesoro resolvió congelar todos los activos de Cornielles Ruiz y de Torres Espinoza en Estados Unidos, además de criminalizar las transacciones con cualquiera de ellos. “La injusta detención y condena de estos seis estadounidenses demuestra cómo la corrupción y el abuso de poder están profundamente arraigados en las instituciones de Venezuela”, dijo el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin.
“Estos seis hombres y sus familias ya han sufrido bastante. Es hora de que Maduro libere a los 6 de Citgo y les permita reunirse con sus familias”, afirmó por su parte Pompeo.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab (EFE/Raúl Martínez/Archivo)
La peor parte del castigo impuesto por la dictadura venezolana se la llevó José Ángel Pereira Ruimwyk, el ex presidente de la mayor filial de la petrolera estatal PDVSA en Estados Unidos, que fue condenado a 13 años y siete meses de prisión. Los otros cinco directivos de Citgo fueron sentenciados por el régimen a ocho años y 10 meses de cárcel.
Los delitos imputados a Ruimwyk son “peculado doloso propio y concierto de funcionario con contratista”, así como el “delito de asociación para delinquir”, informó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la dictadura venezolana. Ruimwyk deberá pagar además una multa de dos millones de dólares, que es el equivalente “al 40% del valor de los bienes objeto del delito”.
Los ex directivos Tomeu Vadell Recalde, Jorge Luis Toledo Kohury, Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona, José Luis Zambrano Colina y Alirio José Zambrano Colina fueron condenados por “concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir”. El tribunal en manos del régimen chavista también dictaminó que todos los condenados están inhabilitados “para el ejercicio de la función pública” y por lo tanto “no podrán optar a cargos de elección popular”.
El 21 de noviembre de 2017, el fiscal general de la dictadura de Venezuela, Tarek Saab, informó sobre la detención de estos ciudadanos luego de que firmaran contratos que “comprometían el patrimonio nacional y el futuro” de la filial de PDVSA “sin contar con el beneplácito del Ejecutivo Nacional”.
“La alta gerencia de Citgo (…) el pasado 15 de julio del año 2017 firmó un acuerdo internacional con las empresas Frontier Group Management y Apolo Global Management, basándose en una presunta refinanciación de los programas de deuda del año 2014 y del 2015”, dijo Saab en aquel momento. Esto, de acuerdo con el relato construido por el fiscal chavista, para solicitar préstamos “bajo condiciones leoninas, desfavorables” para la industria petrolera venezolana y “ofreciendo como garantía” la propia filial.
Fuente: Infobae
