La Octava Sala Penal del Distrito Nacional rechazó este martes un recurso de amparo interpuesto por Magalys Medina, hermana del expresidente Danilo Medina, en arresto domiciliario por el sonado caso de corrupción Antipulpo.
Magalys Medina, quien durante la gestión de su hermano se desempeñó como vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), presentó un recurso de amparo con el objetivo de recobrar su libertad tras denunciar la violación de sus derechos fundamentales durante el proceso.
A la salida del tribunal, el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, dijo a la prensa que a la imputada no se le vulneró “ningún derecho fundamental”, por lo que el tribunal declaró inadmisible el recurso de amparo.
Además de Magalys Medina, en el caso están involucrados otras diez personas, entre ellas su hermano Alexis Medina, bajo prisión y quien es señalado como cabeza de la estructura corrupta denunciada por el Ministerio Público.
Según el Ministerio Público, los imputados incurrieron en graves hechos de corrupción, que llevaron a la fiscalía a poner en marcha la Operación Antipulpo el 29 de noviembre de 2020
Se recuerda que la hermana del expresidente Danilo Medina cumple medida de coerción consistente en arresto domiciliario y el pago de una garantía económica de 10 millones de pesos mediante contrato de una aseguradora y se mantendrán con impedimento de salida del país.
La pasada semana la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó un recurso de apelación interpuesto por Juan Alexis Medina, señalado como el cabecilla del caso, Francisco Pagan, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Aquiles Alejandro Christopher, exdirector de fiscalización, de la Oisoe; Fernando Manuel Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona, quienes buscaban su libertad pura y simple.
Durante su intervención en la audiencia, los miembros del Ministerio Público manifestaron que en el caso de estos imputados la prisión preventiva resultaba la más idónea, ya que existe el peligro de fuga por la gravedad de los hechos que se imputan a los procesados. El magistrado Wilson Camacho insistió en que los imputados deben permanecer en prisión. “No se puede enviar el mensaje de que los ricos pueden ir a las calles y los pobres a la cárcel”, resaltó.
Los integrantes de la defensa técnica de los encartados coincidieron en sus alegatos de que la medida de coerción de tres meses de prisión preventiva impuesta a los imputados carece de valoración y motivación. Por ello, indicaron, procedieron a solicitar una revocación en la cual fallaron frente a los argumentos y las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
