Este miércoles es interrogado una vez más el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien es investigado por la Procuraduría General de la República por supuesta asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco, estafa contra el Estado, falsedad en documentos públicos y lavado de activos provenientes de delitos de corrupción administrativa.
El exfuncionario del Gobierno de Danilo Medina es parte de una investigación que involucra también al exadministrador general del Banco de Reservas Simón Lizardo, y que dirige personalmente la procuradora general, Miriam Germán Brito.
Guerrero fue interrogado los pasados viernes y lunes en torno a su declaración jurada de bienes que supera los 750 millones de pesos, que el Ministerio Público asegura que es irregular.
La acción del Ministerio Público parte de una denuncia pública del titular de la Dirección General de Presupuesto, José Rijo Presbot, quien alertó sobre pagos irregulares a contratistas, ocurridos en la última etapa de las gestiones de Danilo Medina (2012-2020), de alrededor de 21,000 millones de pesos, pero las indagatorias se extienden a otros hechos.
El citado monto incluyó 11,000 millones de pesos para el pago de hormigón asfáltico caliente contratado entonces por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para un plan de pavimentación de carreteras.
El Ministerio Público desarrolla una amplia labor de investigación de todos los hechos punibles, que incluye interrogatorios a diversas personas señaladas en distintos casos.
Para esta semana, la Dirección de Persecución y la Pepca tienen programado seguir interrogando a varios funcionarios de la Cámara de Cuentas. También será interrogado Juan Carlos Ventura, investigado en el caso de corrupción contra su exesposa Kinsberly Taveras Duarte, exministra de la Juventud.
La Dirección de Persecución y la Pepca ya presentaron, bajo la dirección de los procuradores adjuntos Reynoso y Camacho, imputaciones de corrupción administrativa en el Caso Pulpo y se aprestan a ahondar en el expediente sobre malvesación de fondos públicos en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), conectado con el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras.
