El Gobierno de Luís Abinader se granjeó una serie de ruidos por decisiones impopulares y anuncios de medidas que luego fueron rectificadas o simplemente echadas hacia atrás, fruto de las presiones mediáticas.
El oficialista Partido Revolucionario Moderno tuvo que echar hacia atrás la disposición del Gobierno de reducir a la mitad, de manera administrativa, la contribución económica de Estado que por ley se asigna a los partidos políticos.
Es decir, de una partida de mil 260 millones correspondientes a las organizaciones políticas del sistema para este 2021, el Gobierno solo asignó 630 millones, cosechando de inmediato las airadas reacciones de la Junta Central Electoral y la oposición.
Tras las presiones, el ministro Administrativo de la Presidencia y presidente del PRM, José Ignacio Paliza, dijo que corresponde a la JCE asignar las partidas correspondientes, la misma entidad que hizo el reclamo, por escrito, de los mil 260 millones al director de Presupuesto, José Rijo Presbot.
A propósito, los primeros ruidos del Gobierno tuvieron que ver con el Presupuesto General del Estado del 2021, objeto de críticas por diversos sectores de la sociedad por las medidas impositivas que conllevó, lo que obligó al presidente Abinader hacer una alocución en una cadena de radio y televisión y disponer su revisión.
Esta decisión fue tomada luego de que amplios sectores sociales manifestaran su total rechazo al proyecto de aplicación de impuestos, a las compras por internet, gravamen a las tarjetas de créditos internacionales y otros.
El Gobierno tuvo que suspender el proceso de licitación para el remplazo de arreglos florales en oficinas del Ministerio de Educación, por un valor de RD$692,828.00. El ministro Roberto Fulcar, argumentó que no es prioridad en este momento, ante las murmuraciones de la opinión pública.
El Ministerio de Defensa también fue objeto de críticas y tuvo que dejar sin efecto, horas después, su decisión de asignar como escoltas del periodista Melton Pineda a sus hijos y sobrinos.
Luego de que circulara en las redes sociales un documento emitido por el ministerio de Defensa, en el cual se le asignaba cuatro miembros del Ejército de República Dominicana a Pineda, como su seguridad, el ministro Carlos Luciano Díaz Morfa firmó otro memorándum dejando sin efecto la orden emitida el 3 de octubre.
Otro escándalo que dio mucho de que hablar, fue cuando la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que modifica el artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) para permitir que Wellington Arnaud, abogado y dirigente del PRM, pudiera ser su director ejecutivo. La legislación establece que debe ser un ingeniero civil.
NOMBRAMIENTOS DE FAMILIARES.
Como en todas administraciones de Gobierno siempre imperan los clanes familiares en las esferas de poder y la gestión de Abinader no es la excepción.
Los Jorge Mera, Los De Camps, Los Guzmán y Los Mejía también forman parte de estos clanes familiares desde que inició la nueva administración.
Néstor Julio Cruz, es director general de Pasaportes; su esposa, Adalgisa Abreu, es diputada y la hija de ambos, Julissa Cruz, es directora del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL).
Milagros Germán, nombrada como Directora de Comunicaciones de la Presidencia, y su hija Milagros De Camps Germán, como viceministra de Cooperación Internacional de Medio Ambiente. Además en el Ministerio de Trabajo fue designado Luis Miguel De Camps, hermano de la viceministra.
Orlando Jorge Mera, designado Ministro de Medio Ambiente y su hermana, Dilia Leticia Jorge Mera, viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Orlando Jorge Villegas, es diputado del PRM por el Distrito Nacional. También Patricia Selma Villegas García, esposa de Orlando Jorge Mera, fue nombrada como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Brasil.
Juan Garrigó Mejía, hijo de Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, fue posicionado como viceministro de Gestión Social y Comunitaria del Ministerio de la Presidencia.
Alfredo Pacheco s el presidente de la Cámarade Diputados y su esposa, Digna Reynoso, es la administradora de los Subsidios Sociales.
CANCELAOS Y REPUESTOS.
Causó sorpresa e indignación en el mundo cultural y otros sectores, la cancelación por decreto del folclorista e investigador Dagoberto Tejeda Ortiz como asesor de la Comisión Nacional de Carnaval. Luego el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dijo que se trató de un error que iba a ser enmendado por el Ejecutivo.
Otro escándalo fueron las declaraciones de Sigmund Freud, director de la Alianza Público-Privada quien había dicho en un programa de televisión, que el transporte público (metro, teleférico y Omsa) podría ser uno de los primeros sectores en ser parte de la alianza con el sector privado, lo que de inmediato se interpretó como una acción tendente a la privatización de esos servicios.
A esto se le sumaría la denuncia de la diputada del partido la Fuerza del Pueblo, y quien padece de cáncer, Juliana O’ Neal, de la alegada privatización del único instituto del cáncer del país, aunque nunca se supo de dónde provino la información las redes sociales se encendieron con duras críticas al gobierno.
Esta rebelión en las redes sociales había que detenerla de inmediato, y fue el propio presidente Abinader que tuvo que pronunciar un discurso al país para enderezar los entuertos cometidos por los nuevos funcionarios.
ESCÁNDALO POR EL ABORTO.
El presidente Abinader desató todo un revuelo en el país al favorecer las tres causales que permiten la interrupción del embarazo, tal como se plantea en el proyecto de reforma al Código Penal que cursa en el Congreso.
La posición del mandatario provocó de inmediato el rechazo de diferentes sectores, incluyendo representantes de la Iglesia Católica que consideraron “no grata” la expresión.
“Yo estoy en desacuerdo, como lo está la mayoría de la población, no solamente de la República Dominicana sino del mundo, con el aborto libre, pero sí pienso que tienen que haber causales que permitan la interrupción del embarazo. Esa ha sido la posición oficial de nuestro partido (Revolucionario Moderno, PRM)”, dijo el mandatario.
El proyecto de ley plantea tres causales para permitir la interrupción del embarazo: en caso de incesto o violación, riesgo de la vida de la madre o que el feto tenga una malformación incompatible con la vida.
Antes que el mandatario, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunció el sometimiento del proyecto de ley de Código Penal sin el aborto en las tres causales, lo que desató la reacción de organizaciones sociales y de mujeres que vieron la medida como un incumplimiento de una promesa de campaña y la negación de los derechos de las mujeres.
