Las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos se encuentran en una etapa de reajuste tras la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca, situación que quedó de manifiesto en la reciente visita de un enviado especial, quien no fue recibido por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
Así lo señalaron a Efe expertos en temas de derechos humanos, migración y transparencia.
¿Enfriamiento de relaciones?
El enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, visitó recientemente a El Salvador y, según confirmó el funcionario a la prensa, solicitó una reunión con el mandatario y esta no se realizó.
“Sí, en este viaje pedimos una cita con el presidente, como (con) otros actores, y no fue concretada”, dijo en un encuentro privado con periodistas locales.
No obstante, destacó que las relaciones entre el país centroamericano y Estados Unidos son “orgánicas” y difíciles de sustituir, principalmente por los 3 millones de salvadoreños que se estima viven en ese país.
Noah Bullock, director de la organización Cristosal, considera que esto “no va a generar un enfriamiento de la relación entre El Salvador y Estados Unidos” en el “corto plazo”.
Aseguró que ambos países “están en una etapa de ajuste” y “tratando de encontrarse en un marco referencial de la relación”.
El Gobierno salvadoreño se mostró cercano a la administración del expresidente Donald Trump y el presidente Bukele mantuvo una relación estrecha con su embajador en territorio salvadoreño, Ronald Johnson.
“Es mucho más fácil salir a comer langostas con el embajador Johnson que dialogar con Ricardo Zúñiga sobre el estado de derecho, la Carta Democrática de la OEA o temas de derechos humanos o corrupción”, indicó.
Agregó que el mensaje que deja el no reunirse con Zúñiga es que la diplomacia salvadoreña, cuando se trata del presidente, “va a ser sumamente personalizada”.
“Creo que los dos países van a tener que buscar convergencias en cuanto a temas, principios y valores comunes”, matizó.
El telón de fondo
A juicio de Celia Medrano, candidata a ocupar la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el país “se ha puesto quizá demasiada atención al hecho de que el presidente no se haya reunido con el enviado especial”.
“Quizás deberíamos leer más el hecho de la separación de sus cargos de diferentes funcionarios de alto nivel en el Gobierno en el contexto de la visita y la proximidad de la publicación de la lista Engel”, indicó.
El pasado 7 de abril, día en que Zúñiga llegó a El Salvador, el presidente anunció el cambio de titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que se encontraba a cargo de Pablo Anliker, sin que se conozcan los motivos de su salida.
Dicho ministerio fue uno de los allanados en 2020 en el marco de una investigación por supuestos indicios de corrupción en el manejo de recursos públicos destinados a atender la pandemia de la covid-19.
“Si funcionarios de Estados Unidos aseguran que estamos ante un narcoestado el caso de El Salvador, es el momento de demostrarlo, puesto que la institucionalidad del país ha evidenciado su debilidad para enfrentarlo”, agregó Medrano.
El 24 de marzo pasado, la congresista de EE.UU. Norma Torres calificó a las administraciones de El Salvador, Guatemala y Honduras de ser “narcogobiernos”.
Torres, quien ha tenido roces con Bukele en redes sociales, publicó esto en su cuenta de Twitter antes de un viaje a la frontera sur de su país para conocer la crisis migratoria que enfrenta Estados Unidos con la llegada de niños no acompañados.
Respaldo a la lucha contra la corrupción
El experto en temas de transparencia y director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, calificó de “positivo” el “espaldarazo” que EE.UU. dio a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies), formada por acuerdo del Gobierno salvadoreño con la Organización de los Estados Americanos (OEA), con la donación de más de dos millones de dólares.
Escobar señaló que esto se da previo al cambio de Asamblea Legislativa, en la que el oficialismo tendrá 61 de los 84 diputados, el 1 de mayo próximo.
Apuntó que esta nueva legislatura debe elegir al nuevo fiscal general y que “es probable que ahí se bloquee la investigación de corrupción del actual Gobierno”.
Diferentes organizaciones salvadoreña han pedido a la Asamblea Legislativa que dicte una ley que le otorgue independencia a la Cicies del Ejecutivo, pero recientemente el presidente Bukele manifestó su rechazó a la propuesta.
La comisión de la OEA, que presentó los avisos que dieron pie a las investigaciones de la Fiscalía sobre el manejo de fondos de la pandemia, únicamente puede realizar investigaciones administrativas.
Por su parte, Medrano sostuvo que la Cicies “depende políticamente y administrativamente” del Gobierno y añadió que es “importante velar que para un problema tan grande simplemente se esté poniendo vino nuevo en odres viejos”.
EFE
