El Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal dispuso la apertura a juicio de fondo a un hombre acusado de tirotear en 2020 una vivienda, ubicada en la urbanización San Lorenzo de la ciudad de Salcedo.
Franco Miguel Peralta el pasado año le fue impuesto un año de medidas de coerción consistentes en el pago de una garantía económica de 150,000 mil pesos en efectivo y presentación periódica por ante la Fiscalía.
El Ministerio Público de la provincia responsabiliza al imputado de atentar contra la vida de las personas que se encontraban en el interior de la vivienda, cuando el 22 de marzo de 2020 atacó el lugar a tiros.
La acusación indica que el hombre llegó a la citada residencia pasadas las 6:00 de la tarde y de inmediato intervino en una conversación que sostenían algunos miembros de la familia y, al salir al parqueo en la parte frontal del edificio de apartamentos, sacó un arma de fuego y empezó a realizar disparos hacia donde se encontraban la denunciante, su esposo y una nieta.
De acuerdo con el órgano persecutor, el imputado Franco Miguel Peralta fue apresado en flagrante delito el 14 de mayo de 2020, por agentes de la Policía Nacional que realizaban labores preventivas y al momento de su apresamiento tenía en su contra la orden de arresto marcada con el número 00189-2020, emitida por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal.
El Ministerio Público destaca que Peralta utilizó una pistola calibre 9 milímetros, con un cargador y 14 cápsulas, la cual portaba sin ninguna documentación al momento en que se ejecutó la orden de arresto en su contra.
En el escrito de acusación, los miembros del Ministerio Público que actuaron en el caso han otorgado una calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266, 2, 295 y 304 del Código Penal Dominicano y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Mediante un comunicado de prensa, la Fiscalía indicó que al momento del conocimiento de la medida de coerción el pasado año, la denunciante desistió del proceso seguido en contra del imputado; mientras que el Ministerio Público continuó con las diligencias procesales por tratarse de una acción penal de orden público que sigue su curso.
