Estrasburgo (Francia), EFE.- El Parlamento Europeo (PE) vota este martes el certificado digital comunitario de coronavirus, uno de los últimos requisitos para la puesta en marcha completa del documento que, a partir de este verano, permitirá a los europeos probar su situación sanitaria y evitar medidas como las cuarentenas al viajar por la Unión Europea.
No se prevén sorpresas para un voto final que, debido al sistema híbrido (presencial y telemático), se anunciará este miércoles por la mañana y permitirá avanzar en la tramitación legislativa de un certificado que ya funciona en varios países europeos, entre ellos España, aunque no entrará en vigor oficialmente hasta el 1 de julio.
El certificado no será equivalente a un pasaporte, ya que será posible viajar sin él por Europa, pero facilitará la entrada en otros países y permitirá beneficiarse de las exenciones de cuarentenas, pruebas a la llegada u otras medidas. Se podrá obtener en formato físico o digital y será completamente gratuito.
Pese a que la tramitación legislativa a nivel europeo aun está pendiente de completarse, varios países europeos se han adelantado a la entrada en vigor del 1 de julio y ya han comenzado a entregar y validar los primeros certificados; España comenzó a hacerlo este mismo lunes y espera ahora centrarse en agilizar la emisión de los mismos.
Y, aunque aún no emitan el certificado de forma oficial -la plataforma europea está aún en fase de pruebas-, muchos países están ajustando sus requisitos de entrada a la normativa y en las próximas semanas relajarán las restricciones que han venido imponiendo a ciudadanos de otros Estados miembros que puedan probar que han sido vacunados, dado negativo en una PCR reciente o superado la enfermedad.
Durante el debate de este martes en el pleno del Parlamento Europeo -reunido en Estrasburgo por primera vez desde febrero de 2020- el negociador principal del Parlamento, el socialista español Juan Fernando López Aguilar, recalcó que se ha logrado un acuerdo “en tiempo récord” y “mutuamente aceptable” tras unas duras discusiones con el Consejo, que representa a los gobiernos.
El diputado socialista recordó que la normativa “acota” la tradicional reivindicación de los Estados miembros de reservarse la capacidad de imponer medidas adicionales, como cuarentenas; aunque podrán seguir haciéndolo, las restricciones deberán ser “proporcionadas” y solo aplicarse en caso de que la situación sanitaria lo requiera.
Además, el Estado miembro que las quiera imponer deberá informar al resto de Estados miembros, a la Comisión y a los ciudadanos sobre qué medidas prevé para los europeos que entran en su territorio, con detalles sobre los motivos que las justifican, su alcance y su duración.
El mensaje que Europa debe enviar, subrayó López Aguilar, es que se está haciendo “todo lo posible” para restaurar la libertad de movimiento en el espacio Schengen, muy restringida desde el comienzo de la pandemia para tratar de evitar la expansión del virus.
El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, recalcó por su parte que el certificado “facilitará la vida de los ciudadanos” y les ayudará a moverse por la Unión Europea, sea por motivos laborales, familiares o por ocio, además de contribuir “al levantamiento gradual de las restricciones”.
En las negociaciones no se cerró, sin embargo, el debate sobre la reducción del precio de las PCR, ya que su coste supone una discriminación para los europeos que deseen viajar y que no han podido acceder a la vacunación todavía.
Reynders recordó “la importancia de pruebas universales y asequibles para todos los ciudadanos”, en especial para los que tienen que cruzar la frontera a diario por motivos personales y laborales, y dijo que espera que haya una “evolución” en los distintos Estados miembros en las próximas semanas en cuanto al precio de estas pruebas.
