Santo Domingo.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (Card) apoyará a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) en su demanda contra Hormigones América, S.R.L, y sus socios por causar la avería que dejó sin el suministro de agua potable a 80 sectores de la capital.
La información la ofreció este viernes el presidente del Colegio, Miguel Surun Hernández, durante la firma de un convenio entre el gremio y la Corporación, después de que la Caasd presentara este martes formal querella contra la empresa por dañar una línea de 67 pulgadas del acueducto Valdesia Santo Domingo.
“El Card asume la asesoría y defensa de esta institución, no solamente para este caso, sino para cualquier situación donde estén comprometidos los intereses de la sociedad dominicana y del Estado”, declaró Surun Hernández.
En cuanto al acuerdo entre ambas entidades, la Caasd informó en un comunicado de que procura intercambiar capacidades, servir a la sociedad, orientar a las entidades públicas y viabilizar la mejora de los servicios que ofrecen, a través de formación académica.
El convenio prevé la organización de charlas por parte de la Caasd para los integrantes del Card sobre el uso racional del agua potable, así como el suministro de agua mediante camiones en caso de emergencia.
Asimismo, facilitará la recolección de las aguas residuales y capacitará al personal técnico del Colegio en manejo de agua potable y saneamiento”, detalló el director de la Caasd, Alejandro Montás.
Por su parte, “el Colegio asume el compromiso de proporcionar cursos y talleres al personal de la Caasd, participar activamente en la campaña de ahorro del agua, brindar facilidades a los empleados de la Corporación interesados en la preparación de cursos extracurriculares impartidos por el Card y publicar en sus medios todo lo relativo a la cultura de ahorro del agua”, indicó.
Según explicó Montás la semana pasada, Hormigones América “acopió gran cantidad de materiales, ocasionando esto una presión a la tubería, y ésta se expandió. Es ilegal operar una grancera y apilar una gran cantidad de material utilizando vehículos pesados, sabiendo que debajo hay una línea de 67 pulgadas” de conducción de agua.
La avería le costó a la Caasd más de 70 millones de pesos, sin contar con la pérdida del agua, apuntó el responsable de la institución. EFE
