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Retiran seguridad a la familia de Jean Alain Rodríguez

La defensa técnica de Jean Alain Rodríguez informó este martes que la escolta personal de seguridad asignada a la familia del exprocurador fue retirada y trasladada hacia la frontera.

De acuerdo a un acta publicada por los abogados de Jean Alain, la solicitud de retiro fue para cinco oficiales y dos subalternos, los cuales, de acuerdo a los defensores del exprocurador, fueron trasladados a la zona fronteriza.

La información fue dada en la recién creada cuenta de Twitter que se usará exclusivamente para emitir argumentos a favor de Jean Alain Rodríguez por el caso que se le sigue por supuestos actos de corrupción contra el Estado.

Más temprano, los abogados del exprocurador recordaron el interés de que las audiencias de la denominada Operación se transmitan en vivo por los medios de comunicación.

Como parte de la “Operación Medusa” puesta en marcha por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución, arrestó, además, a Rafael Antonio Mercede Marte, quien se desempeñó como encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General.

La operación incluyó el arresto de Altagracia Guillén Calzado, quien se desempeñó como subdirectora administrativa de la Procuraduría General, y Javier Alejandro Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información de la institución.

La Operación Medusa, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, incluyó el lunes al menos 38 allanamientos en el Distrito Nacional, La Vega y La Romana.

Según el Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez, Rafael Canó, Jonathan Rodríguez, Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Altagracia Guillén Calzado y Javier Alejandro Forteza, entre otras personas, son imputados de delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.

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