Los involucrados en la red de narcotráfico y lavado de activos que condujo a la operación Falcón no solo se destacaban por traficar toneladas de drogas hacia el exterior, sino también porque traficaban armas de alto calibre, incluso solo permitidas para los organismos de seguridad del Estado
Esta red, que movilizó más de 500 millones de dólares según consta en el expediente de la solicitud de medida de coerción contra 21 implicados, detalló que las armas eran traficadas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico.
También, esta red se destacaba por atemorizar, mediante sobornos, a cientos de ciudadanos que estaban en las inmediaciones de los lugares donde operaba el grupo criminal, principalmente en Santiago.
“Para mantener sus actividades bajo un esquema de protección practicaron sobornos de autoridades y mantenían atemorizados a cientos de ciudadanos en los lugares que mantenían sus actividades criminales”, indica la solicitud.
La solicitud detalla que las armas que traficaban, entre ellas fusiles, era uso exclusivo para policías y militares.
Los implicados en esta estructura criminal colocaron millones de dinero en efectivo que recibían de sus operaciones ilícitas como el narcotráfico y tráfico de armas a través de empresas dedicadas a la producción, estaciones de combustibles, financieras, dealers, vehículos de lujo, fincas, ganados y relojes costosos, con el fin de darle apariencia de legalidad a sus negocios ilícitos.
Según las autoridades, estas personas pertenecían a una red del crimen organizado que ya para 2012 traficaba al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana y que llegó a acumular inversiones del lavado de activos por al menos 10,000 millones de pesos.
De acuerdo con la acusación, “existen evidencias” de que la red incrementó sus operaciones a partir de 2017.
Entre la República Dominicana y Puerto Rico se le decomisó aproximadamente 8,500 kilos de cocaína, “lo que evidencia el clima de impunidad en el que desempeñaban sus operaciones delictivas”, añadió la acusación, agregó la nota de la Procuraduría.
Para desmantelar esta estructura, las autoridades dominicanas contaron con la cooperación internacional, en especial con la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.
