Por: Joel Suriel La senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, aseguró este jueves que la Comisión de Justicia que estudia el proyecto de Ley de Extinción de Dominio que reposa en el Congreso Nacional no recibe presiones de ningún sector externo que pudiera verse afectado con una eventual aprobación de esa pieza legislativa.
La legisladora garantizó que el Senado escucha todas las partes involucradas en un determinado tema, pero los congresistas tienen la última palabra para la aprobación o no de un proyecto legislativo.
Raful dijo que eso es parte de la reforma institucional que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha impulsado en el Senado de la República, donde los proyectos son estudiados con cautela y no aprobados al vapor como solía pasar en las anteriores composiciones de la Cámara Alta.
“Yo me imagino que ocurre de alguna manera, pero donde nosotros estamos la presión no existe, y se lo hemos dicho a funcionarios públicos que a veces van con urgencias al Senado para que se conozcan algunos temas, aquí la presión no llega, o sea, todo lo que ustedes tengan y los intereses que están representados pueden venir, pueden participar, pero nosotros tomamos nuestro tiempo y la última decisión la tiene el Congreso, y eso es parte de la reforma institucional que estamos impulsando, donde las cosas anteriormente se aprobaban al vapor e intervenía cualquier sector de cualquier litoral”, indicó la vocera del PRM en el Senado.
La representante del Distrito Nacional se mostró confiada en que la Comisión de Justicia de la Cámara Alta presentará en la actual legislatura un informe favorable sobre el referido proyecto de ley.
“Yo, según el ritmo que estamos llevando y la experiencia legislativa que hemos tenido, pienso que en la presente legislatura se presentará un informe favorable sobre la Ley de Extinción de Dominio”, indicó Faride al ser entrevistada en el programa El Día con Huchi Lora.
Sobre la penetración del narcotráfico en la política dominicana, la congresista perremeísta dijo estar confiada en que la propuesta de la Junta Central Electoral (JCE) para las modificaciones de la Ley de Partidos Políticos y la Ley de Régimen Electoral, ponga controles suficientes para evitar que personas vinculadas al mundo de las drogas penetren a las organizaciones políticas.
La vocera del PRM en el Senado recordó que mientras fue diputada (2016-2020) sometió unas 12 modificaciones a las referidas leyes, por entender que no tenían los controles necesarios para evitar que dinero ilícito penetre en las campañas electorales.
“Mal, evidentemente uno se siente mal como dirigente político y miembro del partido. Yo pienso que esto no se trata solo de un partido, sino de un esquema, yo pienso que en la Ley de Partidos no se establecieron suficientes controles para evitar este tipo de situaciones, sometimos unas 12 modificaciones a esa ley para poner suficientes candados, pero apoyamos las propuestas de modificaciones realizadas por la JCE”, expresó Raful.
Sobre la Ley de Extinción de Dominio
La Ley de Extinción de Dominio busca establecer el decomiso civil de patrimonios con orígenes ilícitos para reincorporarlos al erario, sin que haya que agotar juicios penales.
La figura de la extinción de dominio se introdujo en la Constitución del 2010 en el contexto del Artículo 51 que reza: “Sólo podrán ser objeto de confiscación o decomiso, mediante sentencia definitiva, los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes nacionales”.
En su numeral 6, el citado artículo prescribe que, “la ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio…”
Siendo de origen estadounidense, el instituto jurídico de la extinción de dominio ha sentado raíces en países como México, que lo introdujo en su Constitución en el 2008, y Colombia.
