Las autoridades de Costa Rica detuvieron este lunes a cinco alcaldes del país por su presunta vinculación en actos de corrupción para contratos en la obra pública. Entre los aprehendidos se encuentra el edil de San José, Jhonny Araya.
Además de las autoridades locales hay otros seis detenidos en el llamado “caso diamante”, que investiga las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos, informó durante una conferencia de prensa el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza.
Por este caso ya se han realizado al menos 40 allanamientos en varios municipios del país, donde los alcaldes de Cartago, Mario Redondo; Alajuela, Humberto Soto; Osa, Alberto Cole; San Carlos, Alfredo Córdoba; y Araya, de San José, habrían incurrido en licitaciones fraudulentas, pagos adelantados, sobornos, dádivas y ventajas para la obtención de los contratos públicos a favor de varias empresas, entre ellas, la constructora MECO.
Al menos 84 oficinas de la empresa investigada, así como las dependencias municipales y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes han sido requisadas por la Policía Judicial y la Fiscalía Anticorrupción en búsqueda de evidencias que sustenten las acusaciones, que apuntan a adjudicación irregular de obras de vialidad.
De acuerdo al fiscal adjunto de la Fiscalía Anticorrupción, Glen Calvo, la presunta red de corrupción “estaba conformada por los alcaldes o personas particulares, quienes a cambio de dádivas u otra retribución han intervenido para generar beneficios indebidos principalmente para la empresa MECO, dentro de procesos de contratación administrativa y procesos presupuestarios”.
Calvo recalcó que este causa se investiga al menos desde 2019 y se trata de una pesquisa distinta a la del “caso Cochinillas”, que también involucraría a MECO, una empresa de origen costarricense que tiene presencia en Panamá, Colombia, Nicaragua y El Salvador, y que ejecuta al menos 90 proyectos en la actualidad, según consta en su página web.
La información judicial preliminar indica que el personal de MECO se encargaba de contactar a los alcaldes y funcionarios municipales para ofrecer prebendas, a cambio de ventajas en la contratación de obras de infraestructura. El dueño de esa empresa, Carlos Cerdas, se encuentra actualmente detenido.
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