AFP.-Estados Unidos impuso este lunes sanciones a la fiscalía y a varios altos cargos gubernamentales en Nicaragua en respuesta “a la farsa” electoral y como “mensaje inequívoco” para el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.
El departamento del Tesoro anunció sanciones contra el Ministerio Público y nueve altos cargos del gobierno, entre ellos el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo, y varios alcaldes, a los que acusa de estar implicados en la represión de manifestaciones pacíficas en 2018.
Las sanciones son en represalia por “la farsa de elecciones nacionales orquestadas” por Ortega y Murillo y van dirigidas “contra quienes están reprimiendo a los nicaragüenses por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales”, señala el Tesoro en un comunicado.
En el poder desde 2007, Ortega obtuvo el 7 de noviembre un cuarto mandato consecutivo en unos comicios en los que no tuvo rivales de peso, debido a que siete aspirantes presidenciales de la oposición fueron detenidos y tres de sus partidos ilegalizados.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense acusa al Ministerio Público (fiscalía) de haber “arrestado e investigado injustamente a candidatos presidenciales y de haberles impedido postularse para cargos públicos, socavando así la democracia en Nicaragua”.
Estados Unidos lo sanciona por “ser responsable o cómplice o por haber participado o intentado participar directa o indirectamente en acciones o políticas que atentan contra los procesos o instituciones democráticos”.
Cita concretamente la descalificación de la opositora Cristiana Chamorro.
Además le sanciona por haber abierto investigaciones o presentado cargos contra los principales aspirantes presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, todos ellos detenidos desde junio, así como por el arresto de casi 40 personas desde mayo, entre ellos líderes de la sociedad civil y del sector privado, estudiantes y periodistas.
Las nuevas medidas se suman a las sanciones impuestas en 2019 por el gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump a altos funcionarios nicaragüenses, incluyendo a Murillo, tres de los hijos de Ortega y la policía por actos de corrupción y violación de derechos humanos. Igualmente, este año su sucesor, Joe Biden, ya ordenó sanciones financieras contra otros funcionarios, y prohibió el ingreso al país de más de un centenar de legislativos, fiscales y jueces de Nicaragua y sus familiares.
Biden calificó de “farsa” los comicios del 7 de noviembre y el secretario de Estado, Antony Blinken, ya había advertido que se estaba considerando la imposición de nuevas sanciones.
Estados Unidos estima que los comicios no fueron democráticos argumentando que el encarcelamiento de los opositores y el bloqueo de la participación de partidos políticos manipularon el resultado mucho antes de la jornada electoral.
“El régimen de Ortega está usando leyes e instituciones para detener a miembros de la oposición política y privar a los nicaragüenses del derecho al voto”, declara Andrea M. Gacki, directora de la OFAC.
Estados Unidos envía “un mensaje inequívoco al presidente Ortega, a la vicepresidenta Murillo y a su círculo más estrecho de que apoyamos al pueblo nicaragüense en sus llamados a la reforma y al retorno a la democracia”, añade.
Las nuevas medidas de castigo implican el bloqueo de todas las propiedades y posibles haberes de estas personas en Estados Unidos.
Además se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más de una o más de las personas sancionadas.
Estas medidas “no pretenden ser permanentes, sino que se emiten para fomentar un cambio positivo de comportamiento”, apunta.
Entre los sancionados destacan el superintendente de bancos, Luis Ángel Montenegro Espinoza, quien ordenó a las entidades bancarias cumplir con una solicitud del Ministerio Público de auditar y entregar información financiera de 13 altos ejecutivos y empresarios, afirma Washington.
Además figuran el viceministro de Hacienda y Crédito Público, José Adrián Chavarria Montenegro, el gerente del Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC) de Nicaragua, Rodolfo Francisco López Gutiérrez y el presidente del consejo de dirección del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), José Antonio Castañeda Méndez.
Y la lista sigue: Mohamed Farrara Lashtar, sobrino del exdictador libio Muamar Gadafi y actual embajador de Nicaragua ante Argelia, Egipto, Jordania, Kuwait, Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.
Las sanciones alcanzan asimismo a varios alcaldes por la represión de las manifestaciones de 2018: Sadrach Zeledón Rocha, de la localidad de Matagalpa, Leónidas Centeno Rivera, de la de Jinotega, y Francisco Ramón Valenzuela Blandón, de Estelí.
La represión de las manifestaciones dejó al menos 328 muertos, 1.614 detenidos, de los cuales 136 siguen presos, y más de 103.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Parte de la comunidad internacional y la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenaron las elecciones en Nicaragua, que sin embargo cuenta con el apoyo de Rusia, Cuba, Bolivia y Venezuela.
