El presidente de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), Sigfrido Pared Pérez, afirmo que es imposible que los organismos de seguridad del Estado puedan interceptar un teléfono sin una orden expresa de un juez competente y sin el consentimiento de las telefónicas.
Dijo que tanto el DNI como los demás organismos de seguridad del Estado están obligados a llevar la orden de un juez a la hora de pedir a las compañías telefónicas la interceptación, pues de esta manera las compañías se cuidan de consecuenciales legales.
“No existen equipos para hacerlo directamente, sino a través de las telefónicas; eso era posible antes, cuando la comunicación era por cable, análoga, pero los cerebros centrales digitales de las telefónicas no permite acceso y si alguien lo violenta, inmediatamente se activa una alerta y las telefónicas lo tumba”, afirmó en declaraciones a N Digital.
De esta manera, el director del DNI negó las afirmaciones hechas por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, de que la mayoría de las interceptaciones telefónicas se hacen sin la autorización de un juez competente y que la mayor carga la tienen los organismos de seguridad del Estado.
Pared Pérez explicó que para intervenir un teléfono se necesita de una tecnología de punta que es muy costosa, con equipos, estructuras y mantenimientos de gran inversión económica y que al final necesariamente requiere que las telefónicas te den acceso, con orden previa de un juez.
Dijo que una vez autorizado, también debe establecerse un tiempo específico para la interceptación, que en la mayoría de los casos, no pasa de 15 días.
Dijo que muchas personalidades, periodistas y funcionarios tienen la hipersensibilidad de que sus teléfonos están intervenidos y que no es real.
Explicó que en muchos casos, personas graban conversaciones a través de una aplicación que tiene el teléfono y luego la utilizan para chantajear, bajo el alegato detener el teléfono intervenido.
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