El peligro y la crueldad son factores a los que constantemente están sometidos los animales protegidos que visitan las aguas o las costas de la República Dominicana, situación que ha generado motivo de preocupación, recientemente, con el registro de varios casos de abusos cometidos por parte de personas a estas indefensas especies.
Uno de los casos que ha acaparado las principales portadas de los medios de comunicación, específicamente, este martes, fue el fallecimiento “fortuito” de la ballena picuda que fue encontrada a orillas de La Playita en la provincia de Montecristi, esto de acuerdo a un estudio preliminar realizado por técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
De acuerdo a los técnicos, la ballena encalló a orillas de la playa y esto solo sucede por estar enferma, herida, senil, perdida, incapaz de alimentarse, ser vieja o tener otra insuficiencia, como un parto difícil.
Lo cruel de este caso, es que los restos de la ballena muerta, de acuerdo a la entidad, estaba siendo cercenada por personas de la localidad con fines de consumirla y hasta el momento se desconoce si las autoridades tomarán acción legal contra los implicados.
Un suceso similar ocurrió el pasado 15 de enero con la manatí “Juanita”, especie en peligro de extinción, que fue abusada y agredida por desaprensivos del sector Simón Bolívar.
Luego de esta grave falta que se viralizó en las redes sociales, el ministerio de Medio Ambiente logró rescatarla y ubicarla dentro de la represa de la Corporación del Acueducto de Santo Domingo (CAASD) y para aquel entonces informó que sancionaría a los culpables, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 64-00 que rige la institución.
Se recuerda que, Juanita fue rescatada en agosto del año 2012, con tan sólo tres meses de edad, luego de que un pescador le causara más de 10 heridas en diversas partes de su cuerpo en Bayahíbe.
El proceso de adaptación de Juanita se desarrolló en varias etapas que incluyeron cambio de alimentación, cuidado, análisis médicos, traslado al mar, registro de comportamientos, entre otros procesos que han permitido convertir a República Dominicana en un referente en este tipo de hazañas.
Para la etapa final, que fue liberarlos en su hábitat natural, a los tres manatí (Juanita, Pepe y Lupita) le fueron colocados unos rastreadores, que permitirán monitorearlos por un tiempo en mar abierto.
Otro acontecimiento que despertó la furia de la sociedad dominicana y que se propagó bastante en las redes sociales fue el de dos hombres que el pasado 30 de noviembre del año 2021 asesinaron a dos gatos en hechos separados ocurridos en Pedernales y en el Distrito Nacional, por lo cual el Ministerio Público obtuvo orden de arresto en contra de los dos.
Los detenidos fueron Yimi Pérez y alguien solo conocido como Josansel, quienes figuran en videos distribuidos en redes sociales incurriendo en acciones que riñen con la Ley 248-12, sobre Protección Animal y Tenencia Responsable.
Yimi Pérez fue detenido en el distrito municipal Juancho, municipio de Oviedo, en Pedernales. En la imagen se observa cuando el hombre agarra al gato por la cola y lo estrella contra una pared, mientras un grupo estimula la agresión.
El artículo 61, numeral 3, de la Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable prohíbe maltratar a un animal de forma alevosa, por maldad, brutalidad, egoísmo y satisfacción. Este delito puede sancionarse con prisión de entre seis meses y un año, además del pago de multas.
El 30 de septiembre del 2021 ocurrió un acontecimiento parecido con el asesinato a balazos que cometió un hombre en Moca, en contra de una perra parida de cuatro cachorros, en violación de la Ley de Protección Animal, así como la de Control y Regulación de Armas.
Para aquel entonces, la jueza Aura Esther Lora Peralta, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Espaillat, impuso el pago de la garantía económica por un monto de RD$500,000 mediante compañía aseguradora y presentación periódica a Oscar Polanco Reyes (Pole), por la muerte de la perrita, identificada como Alma.
Omar Fernández somete reforma que penalizaría hasta con 3 años de prisión maltrato animal
El diputado por el Distrito Nacional, Omar Fernández, sometió un proyecto que sancionaría con hasta tres (3) años de prisión y hasta cincuenta salarios mínimos la crueldad y maltrato animal.
“No es posible que una sociedad que se regenere y hable de nueva política, maltrate animales por deporte”, estableció el legislador de La Fuerza del Pueblo, Omar Fernández al introducir la modificación a la ley 248-12 sobre protección y tenencia responsable de animales.
Además, la propuesta establece la penalidad de hasta 15 salarios mínimos y prisión entre 6 y 12 meses para los dueños de mascotas que no cumplan con los deberes establecidos en la propia ley respecto a la tenencia responsable de los mismos.
“Estamos proponiendo la creación de un departamento dentro de la Policía para una acción más rápida y efectiva para quienes ataquen animales” expresó el congresista de la Fuerza del Pueblo.
El incumplimiento de la norma estará a cargo de una Procuraduría Especializada de Protección Animal, creada a más tardar a seis meses a partir de la promulgación de esta ley por la Procuraduría General de la República (PGR), la que las responsabilidades que a la fecha recaen sobre la unidad de protección animal.
Asimismo, el departamento en la Policía Nacional para la protección animal podrá proceder a someter a la acción de la justicia, sin necesidad de que intervenga denuncia o querella por parte de terceros.
Para aplicar estas reformas, el proyecto establece la necesidad de la creación de un Departamento de Protección Animal, a cargo del viceministerio de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública (MISPAS), en un plazo no mayor a los seis meses de promulgada la ley.
Entre sus atribuciones, este Departamento se encargará de la vacunación y esterilización de animales domésticos y callejeros, estableciendo al menos un punto de servicios en cada provincia del país, mientras que las alcaldías y juntas de distritos municipales asumirán lo propio en los municipios en coordinación con el Ministerio de Salud Pública.
Un 2% del presupuesto anual de los gobiernos municipales estaría destinado a la creación, atención y sustento adecuado de los albergues indicados anteriormente.
Lo recaudado por las multas será dividido en cinco partes iguales (20%) entre el Departamento de Protección Animal del MISPAS, la alcaldía o junta de distrito municipal de la demarcación donde se produjera el hecho multado, el Departamento de Protección Animal de la Policía Nacional, las organizaciones de protección animal y la Procuraduría Especializada de Protección Animal de la PGR.
